Estamos al lado de la fauna, flora, ríos, páramos, y habitantes de los Andes y la Amazonía violentados por los múltiples incendios en el Perú. Como Comité nacional del FOSPA manifestamos que:
- El gobierno de Dina Boluarte minimiza la presencia de más de 173 incendios forestales sin declarar la situación de emergencia en las zonas afectadas andinas y amazónicas. Esta situación indeseable pone en riesgo de muerte a toda la vida en estos extensos territorios. A pesar de saber que esta situación lleva afectando más de 20 días.
- El presidente del Consejo de Ministros culpa a las prácticas ancestrales de las poblaciones originarias en estos territorios, eludiendo la responsabilidad del Estado en cuidar la vida y asumir la emergencia, controlando los incendios forestales inmediatamente.
- Hasta la fecha son más de 22 regiones afectadas, aproximadamente 15 fallecidos, más de 140 heridos y más de 3.374 hectáreas de áreas naturales destruidas.
- Más del 90% de los incendios forestales que nos afectan no son causados por factores naturales, sino por prácticas humanas, en su mayoría impulsadas, asociadas y aprovechadas para la expansión de cultivos y la tala ilegal de bosques.
- Lamentablemente esta situación no solo es ilegal, sino que también está impulsada por la existencia de la Ley 31973, denominada “Ley Antiforestal”, aprobada por el actual Congreso de la República y que entró en vigencia el 11 de enero del 2024, pese a las críticas de especialistas en la materia. Esta normativa excluye al Ministerio del Ambiente en el proceso de zonificación forestal y la clasificación del espacio solo se realiza con base en la capacidad de uso mayor del suelo.Asimismo, las modificatorias posibilitan el cambio de uso de tierras sin necesidad de autorización de zonificación forestal, lo que anteriormente era esencial para determinar las áreas aptas para actividades agropecuarias y preservar el patrimonio forestal.
- Durante años las poblaciones originarias, indígenas, campesinos son los que directamente se enfrentan a estos incendios forestales, y se ven obligados a responder sin ningún apoyo del Estado, algunos cuentan con apoyo de sus gobiernos locales y regionales, y con estaciones de bomberos, pero sin ningún soporte económico ni logístico. Por el contrario, operadores del Estado criminalizan su participación en defensa de sus territorios.
- Es prioritario defender a las comunidades indígenas y campesinas, quienes mantienen una relación de cuidado con los ecosistemas durante siglos. atribuirles la responsabilidad de los incendios forestales sin un análisis crítico, es abusivo y desvía la atención de las verdaderas causas de este desastre ambiental que algunos llaman: ecocidio, referido al cambio climático, las prácticas extractivas, la deforestación industrial, la introducción de especies forestales exógenas, los vientos, la seca, el stress hídrico, las altas temperaturas, la urbanización descontrolada, la agricultura industrial y las políticas públicas ausentes e inadecuadas. No es posible acusar exclusivamente a las comunidades indígenas.
Por tanto, exigimos:
- Declarar inmediatamente en emergencia los territorios afectados.
- Proteger y respaldar la acción de las comunidades indígenas y campesinos que cuidan y defienden los derechos humanos y de la naturaleza.
- Mejorar el plan de acción preventivo ante riesgos similares, para la atención inmediata del desastre.
- Revisar y modificar la Ley 31973, denominada “Ley Antiforestal”, de tal manera que su interpretación deje de ser ambigua y aprovechada por las mafias de los territorios.
- Que el Primer Ministro brinde una disculpa pública a las comunidades indígenas y campesinas, por su bajo análisis crítico de la situación, la acusación irresponsable que les hizo y, sobre todo la postergación de la atención a la emergencia.
Perú, 18 de septiembre del 2024.
