Tres masacres en menos de 24 horas, una espiral de violencia en Colombia que parece no tener fin. En solo once días, diferentes bandas criminales segaron la vida de treinta personas, menores de edad varios de ellos. Todas, salvo el asesinato de cinco adolescentes en Cali, sucedieron en regiones donde impera el narcotráfico y las guerrillas y las mafias de distinto pelaje se disputan el poder.

El gobierno, acosado por una seguidilla de matanzas que recuerdan los peores años del conflicto armado, anunció este sábado la puerta en marcha de una «Unidad Especial de identificación, ubicación y judicialización» de los autores de lo que ahora denominan «homicidios colectivos». Pero será difícil que tenga una efectividad real. Aunque en los dos casos primero y los más llamativos, la de los cinco niños en el barrio Llano Verde de Cali, y la de ocho estudiantes en Samaniego, población de Nariño, decidieron enviar a los mejores equipos de investigadores, no será fácil hacer lo mismo en lugares apartados, donde impera la ley del silencio y la gente no cree en las autoridades. Máxime cuando las nuevas FARC-EP, el ELN y las bandas mafiosas son cada día más fuertes.

Además de segar vidas, aterroriza la crueldad que emplean y cómo en algunos casos graban las atrocidades y las difunden por redes sociales. En uno de los vídeos más espantosos, se aprecia como presuntos integrantes de las Farc-ep interrogan a dos de una guerrilla rival y luego descuartizan un cadáver. Los hechos, al parecer, sucedieron en el departamento de Nariño, uno de los que han sufrido más masacres. La última conocida ocurrió este sábado.

Mataron a seis jóvenes en La Guayacana, localidad perteneciente al municipio de Tumaco, la segunda ciudad en importancia de dicha región, que tiene en el cultivo de coca y el narcotráfico los dos capítulos principales de su economía. Una de las disidencias de las FARC, la «Oliver Sinisterra», controla esa zona y podrían ser los autores de los crímenes.

Pero no es fácil acabar con esos grupos, como pide la ONU; no tienen la misma estructura de las antiguas FARC ni de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), desaparecidas ambas, y es más complejo combatirlos. Con frecuencia sellan acuerdos con bandas locales dedicadas, sobre todo, al narcotráfico y la minería ilegal de oro, que conocen el territorio y cuentan con muchas complicidades.

También el sábado, en otro extremo de Colombia, en el área rural de Arauca, fronterizo con Venezuela, aparecieron muertos seis hombres, al parecer de nacionalidad venezolana. Las primeras hipótesis señalan que el Frente 10 de las FARC-Ep les capturó y les ejecutaron a tiros con las manos atadas a la espalda, por tratarse de ladrones de ganado en ambos países. Esa guerrilla tiene a Venezuela por santuario, dada sus alianzas con el régimen de Maduro, lo que dificulta la labor de las autoridades colombianas.

Según la ONU, en lo corrido del año, ya van treinta y tres masacres (cuatro muertos por lo menos), mientras que la Policía Nacional solo contabiliza 11.

GUERRA POR EL TERRITORIO

La policía suele atribuirlas a la guerra por el control territorial, sobre todo, para conquistar rutas que les permitan traficar drogas y armas. Pero cada caso es diferente y no siempre responden a la misma lógica. En Samaniego, por ejemplo, donde asesinaron a ocho jóvenes que estaban en una fiesta con otros treinta o cuarenta, llama la atención que solo fueran por tres de ellos, o eso indican las pesquisas iniciales, pero acribillaran a balazos a los otros cinco sin razón alguna. Si fue un mensaje de terror a la comunidad de un nuevo grupo que pretende imponer su ley o tuvo otra motivación, lo deberán aclarar los fiscales y agentes desplazados a dicho pueblo.

Esta vez no pueden dejar impune ese «homicidio colectivo» que ha causado indignación en el país. Cuando el sábado Iván Duque visitó Samaniego para solidarizarse con las familias y mostrar su interés, fue recibido con pitidos. El gobierno sabe que debe resolver cuanto antes ese caso, igual que el de Cali. La pandemia y sus graves consecuencias económicas no van a sepultar la conmoción nacional por la cadena de matanzas ni el miedo a que Colombia vuelva a los peores tiempos del pasado.