Así mismo, se basa en la información publicada diariamente por la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Amazonas en su respectiva página de Facebook, durante los últimos 29 días, en el período 14 de junio a 13 julio. Información de la cantidad de casos Covid-19 positivos confirmados que no suele ser igual a la reportada nacionalmente en la página web del Ministerio de Salud, a pesar de que ambas tratan sobre lo mismo. Por lo que alertamos que la información se refiere solamente a las personas que en las pruebas aplicadas resultaron positivas al Covid-19 (covid-19 confirmados), que es una cantidad mucho menor al total de personas que podrían estar contagiadas con Covid-19 en tanto padecerían los mismos síntomas de esta enfermedad; pero a las que no se les aplicó la prueba (covid-19 sospechosos).

Del análisis se concluye que mientras a nivel de toda la región Amazonas, casi 2 de cada 10 personas a las que se les aplicó la prueba, dieron positivo a covid-19 (4,626 respecto a 26,801 pruebas: 17%); proporción que es mucho menor respecto a las personas contagiadas que viven en la provincia de Condorcanqui, donde es 3 de cada 10 personas (1,385 respecto a 3,921 pruebas: 35%), que muestra el último reporte disponible del 10 de julio que adjuntamos.

Veloz ataque y contagio porque apenas en los últimos 29 días, la cantidad de positivos y fallecidos confirmados se ha multiplicado por 12 (doce) en el territorio ancestral. Cifras oficiales al canto: de 191 casos positivos a 2,200 y de 3 fallecidos confirmados a 36. Y, específicamente la positividad de personas indígenas se ha multiplicado casi por 10 (diez): de 165 indígenas con covid-19 positivo a 1,599.

Así de grave es el riesgo de contagio por la precariedad de la infraestructura de salud y los servicios públicos de salud, de energía y conectividad intercultural, así como la discriminación étnica-cultural en la toma de decisiones – incluidas las de salud – y las políticas del Estado, durante el último medio siglo en el que fueron incorporados los pueblos awajún y wampis al sistema del estado peruano. Especialmente injustificable en los últimos 25 años, período en el que el Estado se obligó a salvaguardar sus derechos individuales y colectivos (Convenio 169-OIT vigente desde febrero 1995), entre ellos el de la salud intercultural y su supervivencia como pueblos awajún y wampis.

Como dijo recientemente Cleila Jima, lideresa awajún, coordinadora del Área de Salud-Pueblos indígenas de Condorcanqui: “Esta pandemia visibiliza lo que no se ha trabajado, invertido para la salud en Condorcanqui, precaria logística humana….actual la situación es catastrófica”. A lo que agregó en su intervención Gorky Jade, director de DIRESA Amazonas respecto a la exclusión de la región Amazonas como zona de riesgo: “Con la nueva norma, se está dejando libre a la región Amazonas de la cuarentena. Amazonas debe ser priorizado como zona de riesgo, por la situación crítica de las comunidades nativas y el incremento de casos en Chachapoyas. Estamos solicitando reconsideración y re-priorización de Amazonas” (29 junio, Foro Virtual “Awajún frente a la Crisis”. En: Facebook de CostumbresOficial/videos).

Efectivamente, una primera razón por la que debería considerarse de alto riesgo es porque se está expandiendo rápidamente el contagio en la región, especialmente en la población que vive en el territorio ancestral, y porque está afectando con mayor incidencia (7 de cada 10 en el territorio ancestral) a las personas de los pueblos awajún y wampis; pueblos indígenas amazónicos que por esta consideración tienen salvaguardas específicas de protección. Si hay alguna duda aquí están las tendencias que hemos elaborado a base de información oficial en la siguiente gráfica.

Actualmente, de cada 2 contagiados con Covid-19 confirmado a nivel regional 1 al menos vive en el territorio ancestral (2,200 de 4,979 personas: 44%) y 1 de cada 3 contagiados a nivel regional es indígena (1,600 de 4,979 personas: 32%).

A la fecha, la prevalencia de contagio covid-19 es más del triple del promedio regional para las personas que viven en Nieva y El Cenepa, y más del doble para los que viven en Imaza. También la prevalencia de la positividad Covid-19 en la población indígena es más del doble que el promedio regional y que el promedio de Lima Metropolitana actualmente: 3.2% indígena respecto a 1.3% regional y 1.9% de Lima. Proporciones que son estimadas con la misma fuente censal de población-2017, a falta de información actualizada, en tanto aquí importan la proporcionalidad comparativa de la severidad del contagio confirmado.

La información por cada distrito, lo podemos apreciar en el ejercicio realizado considerando las cifras oficiales censales disponibles. Ver gráfica adjunta.

En la región Amazonas se concentra la mayor parte de la población de los pueblos awajún y wampis peruanos, específicamente en las provincias de Condorcanqui y Bagua. De acuerdo al último Censo Nacional de Población, Vivienda y Comunidades Indígenas (INEI 2017), cerca de 50,000 personas tenían como idioma materno una lengua indígena en dichas provincias. Pueblos cuya población vive en su mayor parte en Comunidades Nativas dispersas y conectadas frecuentemente vía fluvial o fluvial-carretera con las respectivas capitales provinciales. Así tenemos, a grandes rasgos, que:

i-gran parte de las 109 comunidades de Nieva y las 18 de Río de Santiago se conectan con la capital Santa María de Nieva que cuenta con un hospital precario que semeja más un centro de salud de apariencia moderna;

ii- las 62 comunidades de El Cenepa y la mayor parte de las 116 comunidades de Imaza se conectan con la capital Imacita-Chiriaco ubicada a 3 horas de transporte terrestre de Bagua Chica donde se ubica el hospital de apoyo y hospital de ESSALUD.

iii- Ninguno de los Hospitales, sea la categoría que tengan, cuenta con UCI, ni plantas de oxígeno ni personal de su salud suficiente ni ambulancias suficientes ni equipamiento ni medicamentos ni técnicos enfermeros/sanitarios indígenas para atención efectiva y menos aún intercultural.

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, de los 1,599 indígenas con covid-19 positivo confirmado la mayor parte reside en la provincia de Condorcanqui: 1,050. En esta provincia 7 de cada 10 contagiados son indígenas. En la provincia de Bagua, la mayor parte de los 549 indígenas viven en el distrito de Imaza, que se ubica contiguo a la provincia de Condorcanqui.

Si 1,599 indígenas están contagiados con covid-19 del total de la población indígena en ambas provincias (3.2% prevalencia) y en una situación de extrema inaccesibilidad a servicios de salud, en casos de covid-19 moderados o severos esta prevalencia debería constituir una alarma étnica cultural para la sociedad, el Estado y específicamente los Ministerios de Cultura y de Salud. Porque en casi todos los otros departamentos del Perú, con excepción de Cajamarca, Loreto y San Martín, no hay más población awajún y wampis de comunidades nativas.

Si sigue mermando su población y debilitando los núcleos de sabias y sabios en los sectores de río donde se ubican sus respectivos pueblos será una verdadera tragedia cuyo responsable no será exclusivamente el agente externo llamado pandemia covid-19 sino lo que permitió que se convirtiera en un riesgo mortal: el abandono y discriminación étnica cultural estatal de este medio siglo y la desidia de los gobernantes de turno de los diferentes poderes y niveles de gobierno, con mayor responsabilidad del gobierno central (especialmente del Poder Ejecutivo y del Congreso) y regionales.

Todo ello le da la razón a Santiago Jesús Manuin Mayán cuando manifestó en este portal (la mula.pe; 8 de junio), lo siguiente:

“El aparato estatal ha sido incapaz de convocar y consensuar con dirigentes y líderes indígenas protocolos sanitarios adaptados a la realidad, y ha esperado que pasen más de dos meses de cuarentena para empezar a diseñar algunas intervenciones de emergencia para nuestras comunidades. Y nuestra selva sigue siendo un cementerio de proyectos, fruto del profundo desconocimiento que tiene el Estado y sus instituciones del 65% de su territorio, y la nula consideración hacia los conocimientos y poder que tenemos los pueblos indígenas como sus moradores milenarios. El olvido y la marginación se mantienen, porque son la mejor manera de continuar con la depredación y destrucción de nuestros bosques, tierras y culturas”

La valoración colonial que aún permanece en gran parte de las élites políticas actuales y que fue parte distintiva de los sucesivos gobiernos a lo largo de la República ha sido considerar a la población indígena-originaria como subalterna por naturaleza propia, como marginal y hasta obstáculo en la construcción de la nación (al punto de calificarla como problema indígena como si por naturaleza propia fuera un problema). El máximo ponente contemporáneo anti-indígena que duda hay es el autor del “Síndrome del perro del hortelano” y del desalojo con armamento de guerra en la Curva del Diablo.

Pero, hay otros argumentos de menor violencia e ignorancia pero que influyen en la toma de decisiones del actual gobierno: el mayor o menor riesgo está en función de la cantidad de población con covid-19, de tal como que a la población de los pueblos indígenas se les reduce al común denominador de ciudadanos; entonces, como su población es menor a los no indígenas en todas las regiones terminan perdiendo peso en las políticas estatales en materia de oportunidad de atención estatal y de establecimiento de prioridades a nivel de normas legales como de asignación de recursos. Por ejemplo, en la distribución de las UCI, no se considera fortalecer el Hospital de Nieva con camas UCI y personal de salud adecuado o al menos con una planta de oxígeno; cuando está demostrado que ese factor puede significar la diferencia entre la vida y la muerte indígena. Por ejemplo, en el fortalecimiento de la atención primaria en los sectores de río de cada Red de Salud no se considera la incorporación permanente de promotores indígenas de salud intercultural residentes en esos sectores de río.

Un indicador de este legado de subvaloración expresado en desatención estatal de los pueblos indígenas se ha dado a nivel de la lentitud normativa, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional. Lo que ilustramos en la gráfica de la línea de tiempo de las principales normas legales dirigidas a pueblos indígenas que adjuntamos y completamos con las siguientes observaciones:

i- En el día 69, el 23 de mayo, se emitió la primera norma dirigida a la atención multisectorial de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria. Para esta fecha se reportó menos de 15 indígenas con covid-19 positivos en la región Amazonas.

ii- En el día 100, el 23 de junio, recién se emite la norma para autorizar la transferencia de partidas para que se implemente el Plan de Intervención del MINSA en los centros poblados rurales y comunidades nativas de la Amazonía. Para esta fecha, en un mes había subido a 430 indígenas con covid-19, en un contexto donde se comenzó a aplicar las pruebas rápidas en un grupo de comunidades en las dos provincias.

iii- En el día 111, el 4 de julio, recién se autoriza transferencias de partidas a los Gobiernos Regionales para la contratación de personal de salud. Para esa fecha, sumaban 780 indígenas con covid-19 positivo, en un contexto en que se aplican más de 100 pruebas rápidas diariamente.

iv- En el día 120, el 13 de julio, a 25 días de creada la Comisión Multisectorial para el seguimiento de las acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios, no hay un solo informe que defina la línea base de seguimiento ni al menos reporte covid-19 positivos confirmados y sospechosos según pueblo indígena.

Dos entidades públicas han reportado la extrema precariedad de la infraestructura y servicios de salud en el territorio ancestral, el día 5 de julio:

– “La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a 14 microredes de salud de las provincias de Condorcanqui y Bagua, y detectó que 19 establecimientos de salud están cerrados (..) En la provincia Condorcanqui, se identificó que hasta la fecha 13 de 67 puestos de salud han cerrado. Una de las razones es el contagio del personal de salud y la falta de personal de reemplazo para atender a las comunidades en las microredes de Kigkis, Putuyakat y Huampani. Asimismo, la entidad advirtió que en la provincia de Bagua han cerrado 6 de los 66 puestos de salud que se encuentran en dicha jurisdicción, afectando el derecho al acceso a la salud de 69 comunidades indígenas que pertenecen a la Microred de Chiriaco. La institución considera que urge reemplazar el personal afectado, abastecer de medicamentos a ambas provincias y reabrir los establecimientos cerrados para asegurar la atención en salud en la zona. En ese sentido, la entidad demanda al Estado la atención de las 387 localidades indígenas de Condorcanqui y Bagua e invoca a los profesionales de la salud a presentarse a las convocatorias que se vienen realizando. La entidad invoca a las autoridades nacionales y regionales de salud para que, de manera conjunta con las organizaciones indígenas, se promueva una mejora en los servicios de salud en los territorios indígenas. El rol de las y los agentes comunitarios de salud cobra especial importancia considerando la álgida situación de las comunidades durante la emergencia sanitaria”. Nota: La información recabada en esta supervisión no contempla data de la microred de Nieva (Condorcanqui)

– La Contraloría General habría alertado que el Hospital I Santa María de Nieva de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, no ha culminado con el acondicionamiento de las áreas necesarias para la atención oportuna de pacientes COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria, originando un posible riesgo de contagio. En el Informe de Visita de Control N° 5635-2020-CG/GRAM-SVC, se identificó la construcción de dos ambientes destinados a triaje diferenciado y aislamiento de pacientes COVID-19, ubicados a pocos metros de los servicios de emergencia, donde existe libre tránsito para personal de salud, trabajadores y usuarios que acuden por casos regulares o por sospecha de coronavirus. Asimismo, se observó que se viene atendiendo a los usuarios en el pasadizo de ingreso a emergencias, pese a existir área de triaje diferenciado.

La actual situación es de colapso de los servicios de salud en todo el territorio ancestral, a razón de que el personal de salud de los puestos y micro redes ha debido cerrar la atención o disminuir al mínimo, porque la mayor parte del personal está contagiado y a la fecha no se ha contratado nuevo personal. Una revisión del Facebook de la Redes de Salud de Condorcanqui y de Bagua nos permite constatar que se está realizando la convocatoria para la contratación; pero estamos advertidos por el propio director de DIRESA de la región Amazonas: “hay dinero, pero no se encuentra profesionales de salud para contratarlos, no quieren venir a Amazonas mucho menos a Condorcanqui; el procedimiento administrativo lleva días; por ejemplo, contratar el personal lleva 15 días” (29 junio).

Esta es la realidad generalizada en la Amazonía. De acuerdo a un reciente estudio titulado “Vulnerabilidades, más allá de la pobreza” (PNUD 2020) y al límite mínimo establecido por la OPS/OMS, debería haber 10 médicos por 10,000 habitantes; pero, en el año 2019, en la región de Amazonas había 6.2 en contraste a los casi 44 médicos de la región Lima (43.9), a pesar de que Amazonas tenía el 70% de su población vulnerable y un Índice de Desarrollo Humano de 0.418 mientras en Lima el 54% era vulnerable y con un IDH de 0.707. Lo que NO aborda este importante estudio es la vulnerabilidad específica de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, al reducirlos a la categoría de población regional los excluye de la caracterización de alta vulnerabilidad y alto riesgo ante la pandemia Covid-19. Esa consideración que actualmente impera en el gobierno nacional al no calificar de alto riesgo a las zonas donde se concentran los pueblos indígenas en cada una de las regiones ubicadas en la Amazonía.

Por otra parte, Jorge Pérez Rubio, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO explicitó que están planteando que se capacite a los promotores de salud, a los enfermeros interculturales, y Zoila Merino, también dirigente de ORPIO, resaltó su preocupación por que la muerte de indígenas además es una gran pérdida para las culturas ancestrales: “En la cuenca del Ampiyacu ya hay 6 muertos por el coronavirus, por donde están los últimos boras, huitotos, ocainas y muruis. Somos los sobrevivientes de la época del caucho y esta pandemia nos viene a acabar” (Actualidad Ambiental-SPDA).

A dos días del anuncio de la movilización indígena del 13 al 15 de julio, la Agencia Andina de Noticias informó: “En una nueva jornada de atención integral de salud, articulada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), una brigada de profesionales de la salud del Minsa, EsSalud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, inició su recorrido por las comunidades indígenas de las provincias de Bagua y Condorcanqui, en la región Amazonas. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en esta intervención se atenderá las demandas de atención en salud de la zona, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, y se realizarán pruebas rápidas de descarte de coronavirus a pobladores awajún y wampis. Indicó que tras los descartes practicados, los pacientes que tengan resultados positivos recibirán el tratamiento médico para el covid-19 (Ivermectina e Hidroxicloroquina). También se entregarán 9,000 pruebas rápidas a las microrredes de salud de la zona, las cuales serán utilizadas durante los tres días que durará la jornada de salud y la próxima semana en los centros y puestos de salud. Los profesionales de la salud del Minsa, EsSalud y Fuerzas Armadas conformado por médicos, enfermeros y técnicos en enfermería, recorrerán durante tres días diversas comunidades que son atendidas por las microrredes de salud Galilea, Huampami y Bagua, anotó.

No podemos terminar sin antes hacer un llamado al Ministerio de Salud a cambiar la directiva que se repite con las brigadas y personal de salud local en las comunidades: sólo recibirán tratamiento médico los que resulten positivo a las pruebas rápidas. Pero la prueba rápida confirma la presencia de anticuerpos al Covid-19, tanto que se puede tener Covid-19 al momento de aplicación y no tener esos anticuerpos. Es un error grave que se debe corregir. La atención y tratamiento al Covid-19 debe guiarse por los síntomas que llevan a sospechar ese contagio y no exclusivamente por los resultados positivos de las pruebas rápidas aplicadas.