Autoridades, expertos internacionales y representantes de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones relacionadas con la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, se reunieron el 27 de setiembre en la sede de la Open Society en Nueva York para debatir sobre la importancia de que los Estados de la región ratifiquen prontamente el Acuerdo de Escazú, que busca promover el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
El tratado, que fue abierto hoy a la firma de los países en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas -y que ya fue firmado por 14 países de la región- es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe. Para que pueda entrar en vigor, se requiere la ratificación de al menos 11 Estados parte, proceso que puede llevarse a cabo en cada país en un plazo de dos años a partir de hoy.
El encuentro, denominado “Ratificación temprana del Acuerdo de Escazú: Acción regional sobre democracia ambiental para alcanzar la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, contó con la participación especial de Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica; Patrick Gaspard, Presidente de la Open Society Foundation; y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que ejerce la Secretaría Técnica del Acuerdo.
También expusieron Dhananjayan Sriskandarajah, Secretario General de CIVICUS; Carole Excell, Acting Director of The Access Initiative – World Resources Institute; Erika Guevara Rosas, Directora Regional para las Américas de Amnistía Internacional; Stacey Cram, Directora de Políticas de Namati; y Aída Gamboa, representante de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Además intervinieron Danielle Andrade y Andrea Sanhueza, representantes del público; Lizardo Cauper, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Satya Tripathi, Vicesecretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Jefa de la oficina de Nueva York de ONU Medio Ambiente; y el Embajador Jose Antônio Marcondes de Carvalho, Subsecretario General de Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología de Brasil, entre otras personalidades.
En los distintos paneles del evento, los participantes destacaron el hecho de que el Acuerdo de Escazú galvaniza el trabajo de la sociedad civil en defensa de nuestro medio ambiente y se transforma en una herramienta de derechos que protege a la biodiversidad, la tierra y los pueblos sin voz, especialmente los pueblos indígenas y los grupos más vulnerables.
También recordaron que América Latina y el Caribe ostenta el triste récord de sumar el 60 por ciento de los asesinatos de los defensores ambientales a nivel mundial. Por eso remarcaron que este acuerdo debe ser implementado con firmeza, para evitar ser violado por la impunidad, como ha ocurrido con otros instrumentos legales internacionales.
Asimismo, reconocieron el gran trabajo efectuado por la CEPAL como Secretaría Técnica del acuerdo, y en especial de su Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena, gracias al cual se ha logrado llegar a su adopción, firma y ojalá pronta ratificación por parte de los países de la región.
En la reunión, la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, reiteró que el Acuerdo de Escazú es una gran contribución de la región para el multilateralismo global y constituye un paso enorme para hacer realidad la democracia ambiental.
“La democracia no tiene que ver solamente con la participación, sino también con qué hacemos nosotros con nuestros recursos, cómo nos miramos hacia el futuro. Invito a los países que no han firmado aún el acuerdo a que lo hagan en el menor plazo posible, para que muy pronto ya esté vigente y se transforme en un ejemplo de democracia de la región”, agregó
Finalmente, en su intervención al cierre del evento, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, recordó que el Acuerdo de Escazú es un resultado extraordinario de un proceso intergubernamental que contó con la significativa participación del público desde sus inicios en 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), y que se materializó luego de nueve reuniones de su comité de negociación, convocado desde 2014 y liderado por Chile y Costa Rica. “Sus mayores beneficiarios son las personas de nuestra región y los grupos y comunidades más vulnerables”, declaró.
“Este Acuerdo Regional refleja las prioridades de América Latina y el Caribe y sus principales preocupaciones, fija estándares regionales reafirmando el valor de la dimensión regional del multilateralismo, fomenta la formación de capacidades y la cooperación, establece las bases de una arquitectura institucional que lo sustente y entrega herramientas para una mejor toma de decisiones de políticas”, explicó.
“Hoy comenzamos un nuevo capítulo en esta historia. El fuerte compromiso regional por la protección ambiental y los derechos humanos debe conducirnos a una pronta ratificación y entrada en vigor del acuerdo. Necesitamos 11 Estados que lo ratifiquen. Felicito a los primeros 14 países que ya lo han firmado hoy en la sede de la ONU”, dijo Bárcena, y agregó que en esta nueva etapa es necesario asegurar que el Acuerdo de Escazú se convierta en una poderosa herramienta para empoderar a nuestras pueblos a que enfrenten los asuntos ambientales y construyan sociedades pacíficas y sostenibles. “Esta nueva etapa requiere de la ratificación e implementación del acuerdo”, enfatizó.
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