Con el apoyo de la bancada fujimorista y oficialista el lobby petrolero pretende aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos durante la sesión plenaria del Congreso de la República a realizarse el martes 18 de setiembre.
Así lo decidió la mayoría de la Junta de Portavoces y lo indica la Agenda documentada del Pleno en la que se señala que el viernes 14 se acordó «la exoneración de dictamen de las comisiones de Economía, respecto del Proyecto de Ley 1525, y de Pueblos Andinos, respecto del Proyecto de Ley 2145».
Ello significa, que el Pleno del Congreso intenta impedir se debata el dictamen de la Comisión de Pueblos que recoge serias denuncias sobre los riesgos y amenazas que representa el proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos.
Lobby en marcha
Para el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Eduardo Guevara Dodds, el dictamen aprobado por la Comisión de Energía del Congreso «representa un hito muy importante».
En un foro organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifestó que mejorará las condiciones para «atraer mayores inversiones y ser más competitivos en materia de hidrocarburos».
Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE, dijo esperar que el Congreso apruebe pronto la nueva ley porque el Perú necesita que su sector de hidrocarburos compita en igualdad de condiciones con otros países de la región.
La finalidad es atraer inversiones para exploración y explotación que contribuyan a contrarrestar la caida de la producción petrolera en 40 por ciento y del 25 por ciento de las reservas probadas.
Riesgos y amenazas
Especialistas y defensores de los recursos naturales alertan que el Perú podría perder el control de las reservas petroleras en el océano Pacífico y la región del Amazonas valoradas en al menos 35 mil millones de dólares.
También apuntan la posible pérdida de otros 30 mil millones de dólares en gas natural, cantidad que sería orientada al abastecimiento de energía para corporaciones mineras que funcionan en Perú y Chile.
Además de perjuicios para el Perú la iniciativa legal ha sido calificada de nefasta por brindar facilidades a la inversión en hidrocarburos a costa de debilitar la institucionalidad ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.
Así lo han reiterado numerosas voces especializadas y decenas de organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos originarios quienes argumentan que la propuesta carece de una visión integral de sostenibilidad.
Defensoria del Pueblo cuestiona proyecto
La Defensoría del Pueblo sostiene en el informe N° 001-2018-DP/AMASPPI.MA que el planteamiento para que el Ministerio de Energía y Minas emita opinión previa vinculante respecto a las normas de otros sectores en materia de hidrocarburos podría implicar vetar normas del Ministerio del Ambiente.
Ello, considerando el rol rector en materia ambiental del MINAM,y que se deben aplicar sin restricciones a todos los sectores; por ejemplo, en materia de evaluación del impacto ambiental, prosigue la Defensoría del Pueblo.
Dicha situación, afectaría significativamente a la institucionalidad ambiental del país, debilitaría el rol rector del MINAM e implicaría que el Congreso de la República incumpla con el mandato constitucional de cautelar la protección del derecho a vivir en un ambiente sano de todos los peruanos y peruanas.
Pueblos amazónicos darán batalla
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización vocera de los pueblos indígenas amazónicos, denunció que la propuesta normativa amplía los contratos de los actuales operadores por 20 años más y de las nuevas operaciones hasta por 80 años.
Igualmente, propone exonerar del pago por daños ambientales y sociales a las empresas, así como diversas medidas que apuntan a rebajar los controles ambientales, alentando el debilitamiento del marco regulatorio ambiental.
Ante ello, exigen que dicho proyecto normativo –acumulatorio de diversos proyectos de ley– se derogue o sea sometido a consulta previa. De igual forma, exigen que el presidente Martín Vizcarra se pronuncie, y que intervenga la Defensoría del Pueblo.
Fuente: Servindi
