Giancarlo Castiglione apuesta por un enfoque centrado en los derechos humanos para la asignación de los presupuestos públicos. Este profesor peruano, especialista en participación ciudadana, descentralización, pobreza, inequidad y políticas públicas, confía en poder combinar crecimiento económico y desarrollo social aunque «para eso no hay receta mágica», y establece similitudes entre lo ocurrido en América Latina y España. Testigo de la progresión de aquellos países «entre 2004 y 2012», lanza una advertencia: «Nosotros venimos del futuro de ustedes». «Igual que acá en España se ha empezado a desmantelar la educación, la sanidad, etc. en América Latina ocurrió con la crisis de la deuda. Aquello fue un pretexto para desmantelar lo poco del Estado del bienestar que teníamos», comenta.
Centrado en combatir la desigualdad, está convencido en que la presión social de «las bases» puede surtir efecto en ocasiones y generar una función redistribuidora más equitativa en los recursos económicos de cada país. Castiglione aporta su experiencia en Perú al Observatorio de Desigualdad de Andalucía, una plataforma de diferentes actores impulsada por Oxfam Intermón que se presentará este 7 de marzo en Sevilla para «contribuir a combatir la desigualdad en y desde Andalucía», según anuncian. En esta iniciativa participan entidades como la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), Cáritas, Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, Gestha, Mujeres en Zona de Conflicto, Médicos del Mundo e investigadores de universidades.
«Aunque oficialmente te lleguen a presentar fórmulas para extraterrestres para argumentar la gestión presupuestaria, hay un momento en que no te pueden engañar bajo la premisa de que la política económica determina todo lo demás», explica el profesor, director del Forum Solidaridad Perú, coordinador del Grupo Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarollo y Derechos (Latindad).
«Hay que ver dónde está la probreza y la riqueza», apunta el profesor, quien lamenta que «muchas veces las normas de un Gobierno vienen a través de presiones de grupos empresariales», de «las transnacionales» como él las llama. Es una «corrupción invisibilizada», denuncia. «La finalidad última del Gobierno es el bien común y el de la empresa es la rentabilidad» pero se dan «este tipo de situaciones perversas», según las denomina Castiglione.
«Una lógica perversa de privatización de ganancias»
Con amplia labor en el campo de la justicia fiscal y los derechos humanos, el profesor explica a eldiario.es/andalucía que en la llamada crisis de la deuda latinoamericana «el norte expoliaba los recursos del sur» pero «las empresas transnacionales no pagaban impuestos ni en el sur ni en el norte». «Esto ya no es un problema norte-sur, es un problema global», donde los recursos «se quedan en los paraísos fiscales». «Podemos hacer una carrera para promover inversiones pero es una carrera hacia el sótano», lamenta.
El profesor considera que los presupuestos públicos no son un tema técnico sino fundamentalmente político porque definen cuáles van a ser las prioridades del Gobierno, apostando por «combinar las dos dimensiones». «No es serio que una empresa no pague impuestos, viole los derechos de los trabajadores y luego venga con esa lavada de cara de la reponsabilidad social corporativa», por lo que defiende una economía social basada en derechos económicos, sociales y culturales.
Castiglione se basa en la experiencia. En su Grupo Nacional de Presupuesto Público en Perú observaron que los grandes recursos se destinaban al pago de deuda y cuenta que presentaron un presupuesto completo alternativo para ponerlo a disposición del Gobierno de la República, que fue asumido como propio por la oposición. Señala que la deliberación con sindicatos y organizaciones coadyuvó a ir afinando las propuestas y «engordando el cuerpo social» en los recursos económicos. Explica que «para financiar el gasto público se requiere sostenibilidad de los ingresos y el crecimiento de América Latina entre 2004 y 2012 no es sostenible en el tiempo. Las empresas no están pagando todos los impuestos que deberían pagar y los recursos no se están cobrando a los grupos corporativos más importantes».
En cuanto a la posibilidad de combinar crecimiento económico y desarrollo social, Castiglione indica que «lo primero puede ir en tren bala y lo segundo en burro». Ocurre con los recursos acumulados en desarrollo social, por ejemplo en América Latina, que «se logran con mucho esfuerzo pero se pueden perder muy rápidamente si hay recesión, como pasó en los 90, que conllevaron recortes en sanidad y educación, lo que ahora les está pasando a ustedes acá». «Hay una lógica perversa de privatización de ganancias en un escenario de expansión económica y presiones muy fuertes de grupos transnacionales», apunta.
«La palabra democracia ha sido vaciada de contenido»
«Salud y educación son dos nichos de negocio gigantescos y, si no son vistos como derechos humanos fundamentales, se abren oportunidades para el negocio y el derecho de la ganancia. Es legítimo, pero no está bien si se sitúa por encima del derecho a la vida. Así, los que tengan recursos tendrán acceso a buena educación y buena salud y los que no, no los tendrán», explica Castiglione.
El profesor recuerda también que en América Latina han tenido «promoción de grandes infraestructuras con grandes dosis de corrupción». Ejemplifica con una carretera de gran extensión que atraviesa tres países, que estaba presupuestada en 800 millones de dólares «y terminó costando 2.200 millones». La inversión, entonces, «se convierte en un gran negocio y no se está pensando ni en rentabilidad económica ni social sino que el negocio es construir, sirva o no sirva, aunque la obra se derrumbe al día siguiente de ser inaugurada».
«En los casos de los países latinoamericanos que han salido de una etapa de crecimiento, hay recursos en las balanzas fiscales que van a servir para dinamizar negocios privados, incluso comprometiendo deuda futura», anunciando el profesor «un nuevo ciclo de endeudamiento». «Parece ser cíclico. Cuando nos enfrentamos por primera vez a esto, no teníamos identificados todos los elementos. Ahora sabemos que se utiliza un sistema tributario internacional obsoleto. Estamos hablando de un mercantilismo que protege a un grupo de grandotes. Tiene que haber una profunda democratización en nuestros países para que los ciudadanos sepan qué se está haciendo con los recursos públicos».
Según concluye el experto, «la palabra democracia ha sido vaciada de contenido, los grupos transnacionales están redefiniendo el país y el estado-nación cada vez es menos responsable de lo que pasa y ha tenido que ceder parte de su soberanía». «Si no hay una reapropiacion de la ciudadanía de la democracia, nos dirigimos una degradación constante».
Publicado en El Diario.es
