Este viernes 29, en medio del debate de la Ley de Presupuesto Público para el 2025, la Junta de Portavoces del Congreso aprobó priorizar en la Agenda del Pleno el debate del Dictamen que modifica las normas para la Cooperación Internacional y vulnera nuestros derechos de asociación y participación.
Como hemos advertido, el 5 de junio de 2024, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, entonces presidida por el Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) aprobó sin debate ni discusión un Dictamen que modifica la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y otras normas con el objetivo de limitar, controlar y criminalizar la actuación de las organizaciones ciudadanas de toda índole.
El Dictamen contiene disposiciones inconstitucionales, incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional; ignora las opiniones técnicas de APCI, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuyas funciones se verán gravemente afectadas por la norma.
Lejos de fortalecer la supervisión y transparencia de las organizaciones no gubernamentales, como señalan sus defensores, el Dictamen establece disposiciones que afectan a las entidades encargadas de la supervisión. Además, se dispone una categoría especial de organizaciones para identificar a aquellas que, en cumplimiento de un derecho constitucional, actúan para proponer y alcanzar mejores políticas públicas en favor de todos los peruanos y peruanas.
Según el Dictamen, si se detecta que una organización desvío los fondos recibidos de la cooperación para fines personales o falsificó documentos podría recibir una simple multa; pero, si la organización realiza una actividad que cualquier autoridad administrativa considera “contraria al orden público, la seguridad nacional, la propiedad pública o privada, el orden interno” entonces, al ser más grave, deberá cancelarse su registro y, prácticamente dejar de operar.
Por ejemplo, si en algún momento, una autoridad administrativa de una municipalidad considera que la “Marcha Ni Una Menos” afecta el orden público, las organizaciones promotoras serían sancionadas. Ese ese el nivel de arbitrariedad, desproporcionalidad e inconstitucionalidad que tiene la norma.
Pese a todos los cuestionamientos, cuando la atención del Congreso y del país estaban centrados en la discusión del Presupuesto Público 2025 y de la ampliación o no del REINFO para enfrentar la minería ilegal, sorpresivamente, el Dictamen contra fue incorporado como prioridad en la Agenda parlamentaria y podría aprobarse en los próximos días.
La Alerta es mayor porque las experiencias de otros países como Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Rusia, demuestran que estas normas son un primer paso para reducir y eliminar la participación de los ciudadanos y ciudadanas, dejando libre el camino para que los actores de la corrupción actúen sin cuestionamientos.
