Bajo el lema de #NOALPAQUETAZO, representantes de diversas organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos, de mujeres, de regiones y ONGs, expresaron su unánime rechazo al paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo para “la reactivación de la economía peruana”.
En conferencia de prensa, realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), denunciaron que estas normas plantean cambios drásticos en temas tributarios, ambientales, de saneamiento físico legal de predios, derechos laborales, salud, y en las propias competencias de los gobiernos municipales y regionales.
Aseguraron que el paquete de medidas, impulsadas desde el Ministerio de Economía (MEF), solo protegen a las grandes empresas y debilita los canales institucionales que tienen las poblaciones locales para la defensa de sus derechos.
José De Echave, ex Viceministro de Gestión Ambiental y miembro de CooperAcción, advirtió que este «paquetazo» tiene un aroma a los decretos que impulsó Alan García y que propiciaron el Baguazo. “No estamos hablando solo de un paquete económico para combatir la desaceleración de la economía, lo preocupante es que el proyecto de ley propone medidas tributarias para flexibilizar las multas y beneficiar a los grandes empresarios, con el fin de dar un paso antidemocrático a proyectos extractivos como Conga y Chadín II”, sostuvo.
De Echave también cuestionó duramente este ataque a la institucionalidad ambiental, ganada en base a la lucha de distintos pueblos. «Ahora, eL OEFA suspenderá sus funciones de fiscalización por tres años y desarrollará actividades de educación y seguimiento a las actividades ilegales; el SENACE, que era el primer paso para aprobar los EIA, ya no tendrá esta competencia. Además de otras herramientas como el de Ordenamiento Territorial (OT), los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) estarán bajo la potestad del Consejo de Ministros”, añadió.
Por su parte, Henderson Rengifo, dirigente de AIDESEP, indicó que las organizaciones indígenas están preocupadas con estas normas porque pone en riesgo los mandatos fundamentales para garantizar una vida con tranquilidad y sin contaminación de los pueblos indígenas. “Estas medidas favorecen a las industrias extractivas, dando carta libre para que contaminen nuestros ríos, nuestra Amazonía. No podemos permitir que las multas hacia las grandes empresas por transgresiones ambientales se reduzcan al 65%; les están dando más licencia para que sigan contaminando. Nos sentimos indignados, los bosques no solo son para los pueblos indígenas sino también para la salud ambiental del mundo”, dijo.
Rocío Valdeavellano, Vocera del Grupo Perú COP20, manifestó su preocupación por la posición del Gobierno de Humala, teniendo en cuenta que este año nuestro país será sede de la cumbre mundial en la que se definirá un nuevo acuerdo climático global que la humanidad demanda. “En vez de avanzar estamos retrocediendo en algo que ha sido fruto de tanto esfuerzo. Demandamos una inversión que respete estándares ambientales y, por ello, hacemos un llamado a los congresistas para que escuchen la voz de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo”, subrayó.
A su turno, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, propuso un debate profundo sobre las afecciones que impone este paquete de medidas. “No podemos considerar que por encima del crecimiento económico se estén violando los derechos humanos de los peruanos y peruanas y se vulneren las normas ambientales y laborales”, enfatizó.
Finalmente, Efraín Yépez, representante de la CGTP, denunció que el paquete de medidas impulsadas por el Gobierno de Humala solo beneficiará a los empresarios y se dan en desmedro de los miles de trabajadores”
Acompañaron a la conferencia de prensa un grupo de jóvenes activistas, que mostraron un pronunciamiento firmado por más de 200 jóvenes en el que exigen una verdadera institucionalidad ambiental y desarrollo sostenible, así como el archivamiento inmediato de la propuesta de Ley 3637-2014, e instaron a que cualquier toma de decisión de temas trascendentes sobre el modelo de desarrollo y su forma de ejecución «sea producto de un debate abierto, participativo, serio, transparente y en el marco de la defensa de los derechos de todas y todos los peruanos y el cuidado ambiental riguroso”.
