A través de un pronunciamiento, un grupo de organizaciones denunciaron que el paquete de medidas para la “reactivación” económica, propuesto desde el Gobierno, ha sido aprobado en un proceso apresurado y carente de la necesaria transparencia y discusión.
Lea el texto completo del comunicado:
DENUNCIAMOS PAQUETE “REACTIVADOR” DEL GOBIERNO, CARENTE DE TRANSPARENCIA Y DE EQUIDAD
Las organizaciones sociales que suscriben el presente comunicado, alertan a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que para el país implica el paquete de medidas para la “reactivación” económica, que el Gobierno; mediante el Proyecto de Ley N° 3627/2014-PE; ha remitido recientemente al Congreso para su aprobación urgente, en un proceso apresurado y carente de la necesaria transparencia y discusión.
Este paquete de medidas incluye propuestas cuestionables en su validez y legitimidad; pues atentan contra los principios más esenciales de la gobernanza en temas tributarios, ambientales y laborales; afectando los derechos de los peruanos y peruanas al desarrollo con equidad, inclusión y sostenibilidad.
Así, el Gobierno propone entre otras medidas cuestionables:
Condonar de manera indiscriminada deudas tributarias por más de S/. 20 mil millones de soles; equivalente a casi el doble del presupuesto público de salud para este año; sin diferenciar el tamaño de los contribuyentes; con los 9 mayores deudores acumulando entre ellos no menos de S/. 4,500 millones de soles, un monto 8 veces mayor a lo que adeudan 55 mil pequeños contribuyentes; siendo estos grandes contribuyentes; quienes se han negado reiteradamente a pagar y habiéndose judicializado sus procesos; los que más se beneficiaran con esta medida que generosamente premia su incumplimiento y reduce sus obligaciones tributarias.
Es inaceptable que el Gobierno proponga esta reducción de deuda tributaria sin informar quienes son estos grandes contribuyentes y a cuanto ascenderán la reducción de sus deudas; invocando incorrectamente la reserva tributaria; rehusando cumplir con los principios más esenciales de la transparencia en los asuntos públicos.
Refrendar y extender el uso de Convenios de Estabilidad Tributaria para proyectos mineros, blindando a los grandes inversionistas al recortar las atribuciones del Estado en temas fiscales; sin una evaluación y debate franco sobre los reales costos y beneficios para el país; siendo que dichos Convenios son cuestionados a nivel internacional debido a su alto costo para los países en desarrollo como el Perú.
Más aún, dichos Convenios de estabilidad se introdujeron en los años 90, alegándose en ese entonces que los inversionistas foráneos requerían garantías debido a la inestabilidad económica y política. Sin embargo, hoy, veinte años después, con el Perú siendo una de las economías más estables y dinámicas de Latinoamérica, el Gobierno insiste en promover estos Convenios; anacrónicos y contraproducentes; abdicando de su deber de ejercer soberanía sobre la explotación de nuestros Recursos Naturales.
Recortar atribuciones a las autoridades ambientales para fiscalizar y sancionar infracciones, y asimismo, se pretende desnaturalizar el proceso de ordenamiento territorial y de zonificación económica y ecológica, así como la creación de zonas reservadas y áreas naturales protegidas, desconociendo el rol de los gobiernos subnacionales y de los procesos participativos y de concertación con la ciudadanía, debilitando así elementos esenciales de la gobernanza y capacidad regulatoria del sector ambiental, cuando paradójicamente nuestro país será la sede este mismo año de la XX Conferencia Mundial de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 20) de las Naciones Unidas.
Así, mientras a nivel internacional se promueve y fortalece la institucionalidad ambiental como un elemento clave para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible; en el Perú el Gobierno va a contracorriente, debilitando a los entes encargados de la gobernanza y fiscalización ambiental y desmantelando los avances que se dieron en los últimos años.
Por lo anterior, alertamos a la opinión pública, y demandamos al Gobierno y al Congreso de la República que este Proyecto de Ley; apresurado e ilegitimo; no se apruebe, exigiendo asimismo que el Gobierno abra un amplio proceso de debate y de consulta ciudadana, transparente y abierto, sobre la política de reactivación económica y la promoción de inversiones del Estado Peruano, para que estos temas críticos se manejen legítima y coherentemente, garantizando los derechos fundamentales y respetando los principios constitucionales de todos los peruanos y peruanas.
Grupo de Fiscalidad y Extractivas
Grupo Nacional de Presupuesto Público
Asociación Nacional de Centros – ANC
Asociación Nacional de adultos Mayores del Perú, ANAM-PERÚ
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social – CONADES
Central Autónoma de Trabajadores del Perú, CATP
Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT
Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina «Lulay» – CEPEMA «Lulay», Huancayo
Centro LABOR, Pasco
Centro Peruano de Estudios Sociales- CEPES
Centro Proceso Social
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Confederación de APAFAS Ampliada del Perú-CODAPE
CooperAccion, Acción Solidaria para el Desarrollo
Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú, CONAFREP
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUCARINAP
Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP
Fomento de la Vida, FOVIDA
Foro Salud
Forum Solidaridad Perú
Instituto de Desarrollo Urbano, CENCA
Instituto Alameda – Democracia y Desarrollo
Impulsando Desarrollo Humano – IMDEHU
Oxfam Perú
Red de Ética y Responsabilidad
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE
Red Muqui
Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético
Red Uniendo Manos Perú
