El último lunes, 8 de julio de 2024, representantes del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) se acercaron a la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Ambientales de Bagua, en la región Amazonas, para presentar una denuncia contra Petroperú, por haber cometido el delito de contaminación del ambiente en forma agravada. Con la denuncia, el pueblo awajún busca justicia por un derrame de petróleo ocurrido en enero de 2016, en el centro poblado de Chiriaco, ubicado en el distrito de Imaza.
En la acción judicial, que cuenta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, el GTAA da cuenta a la Fiscalía de las graves afectaciones a la salud provocadas por el derrame en Chiriaco, cuando se produjo una fuga de crudo de petróleo del Oleoducto Norperuano de Petroperú, de unos 3.000 barriles, aproximadamente. Según determinó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) poco después, la causa del derrame fue el deterioro de la tubería.
Días después del derrame, además, la Dirección Regional de Salud de Amazonas declaró en emergencia sanitaria el abastecimiento de agua para consumo humano en el distrito de Imaza. Por su parte, un mes más tarde, la Red de Salud Bagua identificó a 45 comunidades nativas en riesgo de daños a su salud y a 243 personas expuestas al petróleo sin protección. De estas, más de un tercio eran menores de edad.
En la denuncia, el GTAA remarca que en el recojo del petróleo derramado al río Chiriaco participó la población local y, en especial, niños. Estos menores, que recogieron petróleo sin ningún tipo de protección especial, se encontraron ante un elevado riesgo de exposición a muchos tipos de hidrocarburos, incluyendo el fresco y degradado, que contienen compuestos cancerígenos.
Denuncia es una respuesta a la inacción del Estado
En 2022, una sentencia emitida por el Poder Judicial ordenó a Petroperú que, a raíz del derrame en Chiriaco, ejecute acciones de emergencia en las comunidades nativas de Wachapea, Pakún, Umakay y Nazareth. Además, se estableció que debía brindar atención médica gratuita a todos los integrantes de dichas comunidades, para establecer el número de afectados y los tipos de tratamientos que cada poblador recibiría. Sin embargo, la petrolera nacional no ha cumplido hasta ahora.
“Hasta el momento, las comunidades awajún de Chiriaco no han recibido ninguna indemnización por los daños ambientales. Hay comunidades que hasta ahora no tienen agua potable y que consumen agua del río Chiriaco. Hemos hecho muchas denuncias por los niños afectados para que sean atendidos de manera especializada. Se ha ganado una sentencia para que la Diresa de Amazonas atienda a los niños, pero hasta ahora no lo está haciendo”, lamenta Matut Impi Ismiño, lideresa awajún y vicepresidenta del GTAA.
El pueblo awajún también denuncia que, si bien OEFA multó a Petroperú con 49 millones de soles por el derrame en Chiriaco, este dinero no ha servido para resarcir los daños en las comunidades. “¿Qué ha hecho el Estado? Ha recibido indemnizaciones a costa de estas personas afectadas. No ha hecho nada”, enfatiza Impi Ismiño.
Por su parte, el abogado penalista Segundo Herrera también apunta a la inacción de las entidades estatales. “Desde un inicio, lo que quería la gente era que atiendan su salud, los efectos negativos que las comunidades habían experimentado por el contacto con el crudo. En el año 2022 se declaró fundada la demanda de amparo para que se designe el grupo de médicos que puedan identificar los casos, pero hasta la fecha no se ejecuta. Al no haber esta respuesta, se hace esta denuncia, porque la afectación a su salud es grave”, detalla.
Con todo, frente a la inacción de Petroperú y de otras autoridades por hacer cumplir lo que ya ordenó el PJ, el GTAA espera ahora encontrar justicia en un caso emblemático contra la impunidad de funcionarios públicos en delitos medioambientales.AmazonasDerrame de petróleoPetroperuPueblo Awajún .
Fuente: IDL
