Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave situación de nuestra democracia, así como por la carencia de impulso de la política ambiental y, especialmente, por las graves condiciones que padecen las personas y comunidades que están severamente afectados por el incremento del crimen organizado asociado a los delitos de minería ilegal, la tala ilegal, narcotráfico y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, entre otros delitos que están afectando la vida, la paz, la gobernabilidad democrática y el patrimonio natural.
Es obligación del Estado garantizar un ambiente saludable para todas las personas y, además, asegurar el ejercicio pacífico de los derechos ambientales en entornos seguros y propicios. Esta obligación se ha reforzado más aún cuando, con la contribución peruana, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su sesión del 28 julio del 2022, declaró que el acceso a un medio ambiente limpio y saludable, es un derecho humano universal.
En nuestro país, además, necesitamos que las respuestas frente a la crisis sistémica que estamos atravesando, integren las políticas e inversiones que atiendan la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación ambiental. Urge aplicar, decididamente, la política ambiental nacional, así como las medidas establecidas en la declaración de emergencia climática, comprometiendo la intervención de todos los sectores, tal como lo establecen las normas que las aprobaron.
En base a estas necesidades y compromisos asumidos, es que debemos alertar sobre el grave retroceso de la posición del actual Canciller Rodríguez Mackay quien desconoce referentes fundamentales de la política exterior peruana, tales como la importancia de lograr la ratificación y aplicación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú.
El objetivo y contenidos de este tratado internacional, del cual ya son parte 13 países de la región, han sido apoyados, desde el inicio del proceso de su negociación en el año 2012, por el Gobierno y la Cancillería peruana; garantizan la soberanía, seguridad jurídica y múltiples beneficios para nuestro país.
Además de alterar la histórica posición de la política exterior peruana, también advertimos que la posición del actual Canciller contradice el objetivo prioritario 7º de la Política General del Gobierno, aprobada mediante DS nº. 164-2021-PCM, sobre la “Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno.” Tampoco cumple con varios objetivos de la Política Nacional del Ambiente, aprobada por D.S. 023-2021-MINAM. Y, además, contradice la posición del ministro del Ambiente,Modesto Montoya, quien calificó que “es una pena” la equivocada decisión de archivamiento del Acuerdo de Escazú, adoptada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.
Por ello, es que solicitamos al Gobierno del presidente Pedro Castillo que disponga las correcciones necesarias en las posiciones del actual Canciller, y proceda a reforzar las capacidades del Estado para atender las prioridades ambientales y climáticas, proteger a las personas defensoras de derechos ambientales y a impulsar el mejoramiento de democracia y transparencia en materia ambiental, especialmente con los medidas para mejorar el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
¡POR LOS DERECHOS SOCIOAMBIENTALES! ¡EL PERÚ CON ESCAZÚ!
