CARTA A LA CIUDADANÍA
TRANSPARENCIA Y APERTURA
PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA Y LA CORRUPCIÓN
El Estado de Emergencia sanitaria que vive nuestro país, por el impacto del COVID – 19, es uno de los períodos más difíciles de nuestra historia. Esta pandemia de características aún desconocidas, de rápida propagación y para la que no existe vacuna, ni tratamiento certero, ha paralizado a toda la humanidad. En el Perú, en sólo dos meses, se han perdido más de 1440 vidas y hay más de 51,000 casos. La enfermedad crece imparable ante un sistema de salud colapsado y sobrepasado.
La crisis sanitaria y la estrategia implementada han puesto en evidencia los graves problemas estructurales que se arrastran desde hace varias décadas, como la precariedad en los servicios públicos de salud, educación y atención a las víctimas de violencia; la pobreza, las brechas sociales, las desigualdades, la exclusión y los altos niveles de informalidad.
Uno de los principales flagelos que afectan al Perú es la corrupción que, en el contexto actual, es un grave obstáculo para toda estrategia de contención de la pandemia. Su impacto amenaza la vida y la sobrevivencia de la población y nos revela la urgencia de combatirlo profundamente. Por tal razón, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción señala lo siguiente:
1. En un importante esfuerzo, el Estado peruano ha señalado que se destinará el 12% del PBI para afrontar la pandemia y sus efectos. Según el MEF, hasta la fecha, se ha dispuesto cerca de S/.7 mil millones de soles, destinados principalmente, para rescatar el sistema sanitario nacional, tras décadas de abandono y de privatización de los servicios públicos; así como, para la distribución de bonos, alimentos y medicinas para garantizar el derecho a la vida y la salud de la población, especialmente, la más vulnerable.
Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que, en la Emergencia y consecuente celeridad en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, constituyen un grave atentado contra la sociedad, los condenables casos de aprovechamiento corrupto de esos recursos.
2. La transparencia, veracidad y apertura de la información y datos oficiales sobre los procesos de manejo y ejecución presupuestal y las decisiones públicas, son una obligación ineludible del Estado. Más aún cuando el Presidente invoca permanentemente el compromiso ciudadano para contener y derrotar la pandemia.
En ese marco, saludamos las iniciativas por mantener sistemas de información integrados y públicos como: el Sistema Integrado de Gestión de la Emergencia Sanitaria (MINSA), el Portal Nacional de Datos Abiertos de la Presidencia del Consejo de Ministros; los portales del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en los cuales se incluye información sobre inversión y contrataciones públicas. Sin embargo, debemos señalar lo siguiente:
- La información consignada corresponde sólo a un pequeño grupo de contrataciones destinadas a atender la emergencia sanitaria.
- La data está desactualizada, debido a que las entidades tienen hasta 30 días de plazo para informar al OSCE sobre los procesos de contratación, después de realizarlos.
- Los datos no están acompañados de los contratos ni documentos sustentatorios, los que tampoco pueden revisarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
- La información del MEF es muy dispersa y dificulta un eficiente seguimiento a la ejecución de los recursos.
- Solo se registra información sobre la asignación y ejecución presupuestal de una parte de los recursos públicos asignados, mediante Decretos de Urgencia, desde el inicio de la Emergencia.
Es urgente la publicación completa de la información y los procesos. Más aún, cuando ya se han conocido irregularidades y actos de corrupción en la Policía Nacional, el sector Salud, autoridades municipales y regionales de diversas zonas.
3. La transferencia de más de S/.200 millones para la adquisición de canastas de víveres para la población más vulnerable, a través de los 1874 gobiernos locales de todo el país, representa una medida importante. La fiscalización de la Contraloría General de la República ha detectado serias irregularidades:
- Sobrevaloración de productos
- Adquisición de productos sin registro sanitario o de mala calidad
- Contenido incompleto
- Falta de padrones actualizados de beneficiarios o actas de entrega
- Poca o nula medidas sanitarias implementadas
- Más del 35% de canastas aún no han sido distribuidas
Se debe fortalecer el control para que los municipios cumplan, plena y oportunamente, con el DU 033-2020, publicando la información sobre los recursos recibidos, las adquisiciones y proveedores, los productos entregados y el detalle de los beneficiarios. Para lo cual, es indispensable la vigilancia ciudadana, a través de los canales de transparencia señalados por ley, y denunciar su incumplimiento.
4. En medio de la crisis sanitaria y la estrategia de contención de la pandemia, la corrupción en el uso de fondos públicos amenaza la vida de todos los peruanos y peruanas; especialmente, de quienes están en la primera línea frente al COVID – 19, como el personal de salud, policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Por eso, es urgente prevenir, corregir y sancionar ejemplarmente los graves hechos que se han empezado a evidenciar:
- Contratos simulados
- Compras sobrevaloradas de alimentos, insumos de limpieza e implementos de bioseguridad.
- Irregularidades en compras de pruebas de detección COVID-19, mascarillas o respiradores.
- Demora o no entrega de equipos de protección personal.
- Atropello a sus derechos laborales y el no pago de sus remuneraciones, injustificadamente.
5. Estas situaciones han puesto en relevancia la necesidad de afirmar el rol del Estado en la defensa de lo público, por encima del interés privado y el lucro; y fortalecer los sistemas de control que, durante años fueron irresponsablemente debilitados. Lo cual implica garantizar las condiciones necesarias (incluyendo de bioseguridad) para que las entidades responsables (Contraloría General, Ministerio Público, OSCE y Procuradurías Anticorrupción) puedan cumplir su función de control de todos los procesos públicos.
6. La vigilancia y fiscalización es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, es fundamental actuar con transparencia y apertura de la información, por parte de todas las entidades involucradas; garantizando así el ejercicio ciudadano a la información pública.
En ese marco, expresamos nuestra preocupación por la decisión de la PCM y el MINJUS, de suspender la atención de solicitudes de acceso a la Información Pública, durante la emergencia sanitaria. Esta decisión – que incumple una obligación legal – no sólo evita la fiscalización anticorrupción en las acciones para enfrentar el COVID – 19, sino en los demás procesos y decisiones públicas. Constituye un grave retroceso para la lucha contra la corrupción en el Perú, por lo que debe ser corregida lo más pronto posible.
Reconocemos el esfuerzo del Estado, a través de sus diferentes instancias, por enfrentar la pandemia y sus impactos; así como, el enorme sacrificio y compromiso de la ciudadanía al acatar las medidas de cuarentena y aislamiento social. Para salir de esta crisis más fortalecidos, se requiere una gestión pública eficiente y transparente en todos los niveles de gobierno que contribuya a superar las enormes carencias, injusticias y brechas sociales; y confiar en una ciudadanía dispuesta a ejercer su derecho a vigilar y participar con la esperanza en lograr un Perú Sin Corrupción.
DESCARGA AQUÍ (PDF) LA CARTA ABIERTA DEL GTCC TRANSPARENCIA ANTE LA PANDEMIA
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