Una carta enviada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) a la empresa concesionaria del proyecto Hidrovía Amazónica marcó el inicio de nuevos cuestionamientos a este megaproyecto que se ejecuta en la Amazonía peruana.
La Hidrovía Amazónica es un proyecto concesionado por el Estado Peruano y tiene como objetivo mejorar el transporte fluvial en una extensión de 2687 km en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, lo que significará el dragado de bancos de arena y otros obstáculos ubicados en esos cuerpos de agua.
La misiva enviada el 16 de enero de este año dejaba en claro que no había realizado ninguna coordinación con la concesionaria, el consorcio Hidrovía II —integrado por la empresa china Sinohydro y Construcción y Administración S.A.— ni con su consultora, ECSA Ingenieros, para iniciar el proceso de convocatoria para los talleres informativos del Plan de Participación Ciudadana (PPC) que forman parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La concesionaria se había adelantado a la aprobación de la entidad estatal para el inicio de esta convocatoria, puesto que el PPC aún se encontraba en evaluación.
Poco después, el 1 de febrero, el Senace emitió un pronunciamiento en el que indicaba que el Plan de Participación Ciudadana había sido aprobado oficialmente y ponía como fecha de inicio de los talleres informativos el 19 de febrero del 2018.
Pero el problema no terminó ahí. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) ha solicitado la impugnación del PPC “por considerar que vulnera, entre otros, los derechos de participación de nuestros pueblos indígenas y evidenciar la falta de transparencia y buena fe en el proceso de participación ciudadana y consulta previa, pues no incorpora en su contenido la implementación de los compromisos asumidos en el Acta de Consulta Previa, de fecha 22 de septiembre de 2015”.
