La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), plataforma de organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos humanos, lamenta profundamente las muertes de Irineo Curiñaupa Campos de 27 años (Huancavelica) y Celestino Flores Ventura de 42 años (Pasco) ocurridas este 31 de enero, en el contexto de la represión policial al Paro Agrario Nacional Indefinido.
Las muertes de estos dos ciudadanos, así como las decenas de personas heridas se suman a la larga lista de afectadas y asesinados en los conflictos sociales. El dolor por estas muertes se hace aún más profundo debido a la impunidad generalizada de los responsables de cada una de las muertes de peruanas y peruanos asesinados por la fuerza pública. Alertamos también sobre la criminalización de la protesta social y su impacto sobre las comunidades, las familias, mujeres y niñez directamente violentadas.
La CNDDHH recuerda también la legítima demanda de las y los agricultores de diversas zonas del país que exigen al Estado peruano tome las medidas urgentes y necesarias contra el empobrecimiento y por la dignidad del sector agrario peruano, las cuales pasan por: 1) Declaración del Estado de emergencia del sector agricultura; 2) Cese de la importación de papa pre-cocida; 3) disminución de la tasa de interés de agrobanco; 4) creación e implementación efectiva de una ley para el sector agrario; 5) priorización de infraestructura hídrica para riego tecnificado; y 6) mayor presupuesto para proyectos productivos y asistencia técnica en semillas. Es inaplazable la adopción de estas demandas de campesinas y campesinos del Perú. El abandono del sector agropecuario debe terminar. Al igual que la crisis post fenómeno del Niño, y los problemas del sector salud para atender el dengue, la grave situación del agro peruano pudo haberse evitado con una adecuada política de adaptación al cambio climático.
Demandamos al Ministerio Público y al Poder Judicial emprender una exhaustiva investigación que determine las responsabilidades de estas dos muertes, sancione de manera efectiva e indemnice de manera inmediata a los deudos. Así también, exigimos al gobierno que no maquille el problema del sector agrario recortando derechos y que implemente de manera urgente las reformas necesarias planteadas por las y los campesinos para solucionar esta grave problemática. Invocamos también a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta que lo hagan respetando la propiedad pública y privada.
Lima, 1 de febrero de 2018
