Las desigualdades y conflictos que se registran en el país hacen urgente que la sociedad civil promueva la aprobación de la Ley del Ordenamiento Territorial (Ley OT) pero con carácter vinculante.
Esa fue una de las principales conclusiones del panel de organizaciones locales sobre perspectivas de la política energética y el desarrollo sustentable, desarrollado en el marco del foro público «Política Energética y Propuestas de Desarrollo Sustentable», realizado el 20 de agosto en la provincia de Celendín (Cajamarca).
Dicho panel contó con la participación de Roy León, miembro del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (GRUFIDES); Walter Castañeda, dirigente de las rondas campesinas de Celendín; Socorro Quiroz, representante de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) – Asociación en Defensa de la Vida (Adevima); Juan García, dirigente del Centro Federado de la Escuela Académico Profesional de Ingenierías Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca sede Celendín; y el abogado Wilmer García.
León Rabanal cuestionó el modo en que las empresas mineras validan sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que al fin de cuentas son aprobados por el Ministerio de Energía y Minas sin importar la opinión de la población.
«La forma cómo se plantean (las audiencias) no es la más correcta; es como decir: «Yo sólo cumplo con presentarlo (el EIA); con la gente o no, igual pasa (…) «Es ilógico que la actividad que afecta la vida humana sea aprobada por el ministerio que promueve la minería».
En ese sentido, consideró de suma importancia promover la instalación de consejos de cuenca. «Se pueden juntar (representantes) de diferentes lugares de la región para un plan de gestión en distintas zonas. Eso permitirá quitarle la hegemonía a la Autoridad Nacional del Agua (ANA)», acotó.
Por su parte, Castañeda refrendó lo expresado por el representante de GRUFIDES. «La consulta previa no se da. Y la que se da es por las empresas a través de seudo talleres informativos que no consideran a la gente que realmente reside en la localidad».
En ese contexto, aclaró que las rondas no tienen una ideología de oposición al desarrollo; sin embargo, denunció la profunda contradicción entre el concepto de desarrollo que manejan el Estado y los pueblos.
«El Estado elabora proyectos sin conocer la realidad y las fuerzas del mercado dirigen las destinos de la humanidad (…) En Celendín, la economía se mueve en base a la ganadería y la agricultura. El gobierno trata de hacer creer que (la base) es la minería. Tenemos mucha minería en Cajamarca y somos de los más pobres (…) Desarrollo para los pueblos es el buen vivir, vivir sanos», subrayó.
A su turno, Quiroz enfatizó que los ronderos y comunidades campesinas que defienden sus derechos -en el marco del desarrollo de proyectos- son reprimidos y denunciados judicialmente. Prueba de ello son las once autoridades del centro poblado Yagén que enfrentan un proceso por rechazar el proyecto Chadín 2.
«El paquetazo Castilla se entiende como facilidades para que empresas puedan abusar más de la población (…) El entretejido de leyes desde el Ejecutivo, alistan las normas para atarnos; es momento de que Celendín despierte y no le vendan más gato por liebre».
Respecto a Chadín 2, Juan García señaló que la empresa a cargo del proyecto no ha explicado cómo se va a limpiar el Río Marañón, ni tampoco cuál es el plan para reforestar las miles de hectáreas que serán afectadas por el embalse necesario para implementar la central hidroeléctrica.
«Es fundamental que el Marañón sea declarado zona reservada y se fomente el turismo; urge proponer políticas de gobierno basadas en distintos tipos de energía limpia», opinó.
En cuanto al Ordenamiento Territorial, el dirigente estudiantil consideró que dicho instrumento pudo evitar muchos conflictos en el país, si los gobiernos lo hubieran aplicado desde décadas atrás y, en ese marco, tomado en consideración la perspectiva de la población. «Las leyes no me parecen débiles; sólo que no se respeta a las organizaciones», finalizó.
:: Hablan los especialistas
Antes del panel se realizó una serie de exposiciones a cargo de especialistas en diversas materias. Ana Leyva, integrante de la ONG CooperAcción, destacó las bondades del Ordenamiento Territorial como instrumento para conseguir una relación armoniosa y, al mismo tiempo, funcional en cuanto al territorio y las actividades que dentro de aquel se desarrollan.
Leyva precisó que el OT debe ser participativo -los actores deben ponerse de acuerdo- y prospectivo -hacernos imaginar cómo debe ser el territorio en base a conocimiento. «Se ordena para orientar el desarrollo que queremos; aprovechar mejor nuestras potencialidades; resolver conflictos (…) Se trata de ver todas las dimensiones del territorio desde una perspectiva sistémica».
Resaltó que el OT contribuye a resolver grandes asimetrías generadas por el crecimiento desordenado. En el caso particular de Cajamarca, hay zonas productoras de agua, «pero como no hay ordenamiento, esa agua puede terminar para la minería», advirtió.
A su vez, el consultor Jorge Trefogli expuso los resultados del estudio que realizó a inicios del presente año por encargo de Forum Solidaridad Perú (FSP) en materia de Gestión Integrada de Cuenca. Del mismo, hizo énfasis en la importancia de que la población decida si desea que exista o no un consejo de cuenca; pues, de lo contrario, las prerrogativas seguirán en manos de la ANA.
«Por eso es necesario que sociedad civil cuente con un comité que luego se constituirá en un grupo impulsor, que a su vez actúe ante el Gobierno Regional (correspondiente) hasta conformar un consejo de cuenca en forma democrática», dijo.
Finalmente, el ingeniero José Serra consideró «raro» que el presupuesto del proyecto de central hidroeléctrica Veracruz sea ostensiblemente mayor al de Chadín 2, cuando aquella tiene menor envergadura. Cabe precisar que el foro público «Política Energética y Propuestas de Desarrollo Sustentable» fue organizado por FSP, GRUFIDES, CooperAcción y el Centro Federado de la Escuela Académico Profesional de Ingenierías Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca sede Celendín.
