Por: Carmen Alejos / Red de Ética y Gobernabilidad de la Provincia del Santa
Ancash es una de las regiones más ricas del país; paradójicamente, en los últimos ocho años, es también una las regiones más corruptas e inseguras. Se dejó pasar la época de mayor bonanza económica, una oportunidad para tener colegios equipados, dignos y con docentes bien pagados en las zonas rurales y alejadas; hospitales y postas médicas al alcance de todos; mejores vías de comunicación; represas y canales de irrigación para los agricultores; es decir, la ocasión más propicia para que la población goce de una vida digna, entendiéndose la misma como muy vinculada a la dignidad y al desarrollo de los menos favorecidos, con un Estado cumplidor de un rol activo y presente en la provisión de servicios claves, vinculados a derechos universales: derecho a la vida, identidad, salud, educación, trabajo, y sobre todo de participación social y política.
Si hacemos memoria, en 2005 -de acuerdo a estudios realizados por las Naciones Unidas (PNUD)- Quillo (provincia de Yungay, Áncash) fue declarado como el distrito más pobre del Perú, tiempo en el que precisamente la región empezó a verse beneficiada por aportes millonarios del canon minero, oportunidad inigualable para potenciar la calidad de vida de sus poblares y otros pueblos en las mismas o peores condiciones.
Lamentablemente hemos dejado pasar el tiempo y con nuestra desidia hemos permitido que personajes oscuros hagan de Áncash una tierra de nadie, donde las autoridades elegidas democráticamente para servir llegaron al poder para saquear, enquistarse en las altas esferas e implantar una red de corrupción y criminalidad donde la utilización de sicarios para eliminar a sus adversarios políticos y opositores se ha implantado como una práctica común.
De acuerdo a las estadísticas, en términos de la violencia registrada, en 2011 el sicariato dejó 48 víctimas mortales, en el año 2012 fueron 45, y el año 2013 la cifra ascendió a 94 ultimados. En lo que va del presente año se han registrado 32 asesinatos en el ámbito de la Subregión El Pacífico (zona costa de Áncash). Escasamente el 10% de estas muertes han sido resueltas por la administración de justicia.
Respecto a la gestión e inversión económica, la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa, manifestó en abril de este año que nuestra región perdió S/.40 millones debido al temor existente originado por la corrupción y el sicariato (cifra correspondiente sólo al año 2013).
Si a ello le sumamos las denuncias por sobrevaloración en la adquisición de 79 ambulancias, las obras públicas no ejecutadas en el canal de regadío de Wecrococha, el pago de una fumigación innecesaria contra una supuesta epidemia del dengue, la inoperatividad del Sistema de Riego de Llapo, la mala calidad de construcción de la avenida José Pardo, decenas de colegios mal construidos y otras obras inconclusas por la mala gestión de la autoridad regional, las consecuencias de la corrupción e inseguridad han sido funestas. En Áncash, las ‘grandes obras’ prometidas por el presidente regional César Álvarez (como los hospitales La Caleta y Ramos Guardia, el proyecto hidroenergético Chinecas y el Megapuerto de Chimbote) quedaron en lo que siempre fueron: promesas, falacias.
Recientemente, las instituciones que administran justicia han iniciado un proceso de investigación a los que integran la denominada “red criminal” que compró jueces, fiscales y periodistas en la región; esta mafia, supuestamente encabezada por el presidente regional y conformada por altos funcionarios públicos, delincuentes y periodistas a sueldo, hoy se encuentran detenidos en Lima esperando las investigaciones del caso. Ante ello la población espera una investigación transparente, que sancione de forma justa, ejemplar y efectiva, permitiendo conocer la verdad y castigar a los responsables del atraso en que Áncash se encuentra sumida.
A la fecha, las principales autoridades y principales funcionarios de la región y la provincia del Santa han sido detenidos y serán procesados por delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por los casos “Ezequiel Nolasco” y “La Centralita”, con este panorama la presidencia regional ha quedado acéfala, mientras tanto esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones autorice al Consejo Regional la elección de un presidente interino, que lleve las riendas del gobierno hasta el 31 de diciembre del 20141.
En términos de coyuntura electoral, este mal ejemplo de gobierno regional (replicado en el ámbito provincial y distrital), debe servir a la hora de elegir a las nuevas autoridades para no dejarnos vender ‘gato por liebre’. Es necesario que los electores hagamos uso de nuestros derechos, exigiendo a los candidatos transparencia, compromiso y propuestas claras y realistas, vinculadas a resolver los problemas de la región. Los ciudadanos y ciudadanas ancashinos no deben permitir que personajes camaleónicos, vinculados a la corrupción de este gobierno y de los anteriores, reaparezcan en la escena política como paladines de la ‘experiencia’ y la ‘capacidad de gestión’. Se debe ser intolerante con la corrupción y desterrar frases como: “roba pero hace obras”, “más vale malo conocido que bueno por conocer” que sólo nos inducen al error y a la incertidumbre.
Otorgar el voto a un candidato es como entregarle a éste la llave de nuestra casa para que la administre, ¿estamos dispuestos a entregarle el manejo de nuestro hogar a cualquiera? Nuestra ciudadanía no sólo consiste en participar en las elecciones mediante el sufragio; también nos corresponde tener una participación activa, vigilando a las autoridades elegidas y a los funcionarios públicos, porque cuando se manejan inadecuadamente los recursos del erario nacional, los más afectados somos todos.
En Áncash, tras ocho años recibiendo un millonario canon minero, los pobres de la región continúan esperando un nuevo día, un mejor tiempo. Mientras tanto, la ciudadanía, los colectivos y organizaciones sociales vienen manifestándose a través de acciones simbólicas como lavados de banderas, marchas y plantones, exigiendo justicia y trasparencia a las autoridades hasta lograr sancionar severamente a los responsables de los actos de corrupción y de criminalidad en la región.
Publicado en la Revista Intercambio – N°27
