A través de un pronunciamiento, una plataforma integrada por instituciones de la sociedad civil y las asociaciones de los gobiernos descentralizados invocó al Parlamento a debatir y aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial.
A continuación, el texto completo del pronunciamiento:
La Plataforma para el Ordenamiento Territorial integrada por diversas instituciones de la sociedad civil y las asociaciones de los gobiernos descentralizados como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales –ANGR-, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú –REMURPE- y la Asociación de Municipalidades del Perú –AMPE-, hemos venido planteando desde hace varios años la necesidad de impulsar reformas dentro del Estado y particularmente el fortalecimiento de los niveles descentralizados de gobierno permitiendo un mejor desempeño del Estado en las regiones y espacios locales.
La necesidad de tener una instancia de conducción intergubernamental, la mejora de las capacidades de gestión y, el impulso de la postergada descentralización fiscal, han sido algunas de las propuestas alcanzadas. Dentro de estas se ha considerado además la urgencia de ordenar el territorio permitiendo con ello articular la intervención del Estado en todos sus niveles, fortalecer la capacidad de gestión territorial de los gobiernos descentralizados y contribuir a resolver los conflictos que se producen como resultado del desorden y la superposición de usos del territorio que producen inestabilidad en las inversiones.
La Plataforma para el Ordenamiento Territorial es un espacio que hace parte de estos esfuerzos buscando la implementación de políticas de ordenamiento y gestión territorial. Por ello hemos promovido la discusión sobre una ley que permita regular el ordenamiento territorial. En esta perspectiva hemos participado junto con otros actores de la sociedad civil y el gobierno nacional de los debates que se han promovido en la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, donde se viene discutiendo un pre-dictamen que ha sido consensuado con las asociaciones de los gobiernos descentralizados, presentado y discutido en varias regiones, así como debatido con funcionarios de gobiernos locales y regionales a quienes urge concluir sus procesos de ordenamiento territorial.
Lamentablemente, nuevamente el gobierno central, utilizando la disputa entre sus sectores por la rectoría de un futuro sistema de ordenamiento territorial; así como diversos gremios empresariales , se resisten a que dicha iniciativa pueda prosperar, a pesar de haberse aprobado la Política de Estado número 34 de Ordenamiento y Gestión del territorio en el marco del Acuerdo Nacional. Problemas como la minería ilegal, los conflictos sociales, la construcción de infraestructura en zonas de riesgo, una intervención desarticulada del Estado y por tanto la duplicidad de gastos y uso de recursos humanos propiciado por el actual desorden institucional, se vienen acrecentando producto del desorden territorial.
En este sentido, y ad portas de culminar la presente legislatura, hacemos un llamado a la representación parlamentaria para sacar adelante una ley de ordenamiento y gestión del territorio, impostergable para el país.
