Delegados de distintas organizaciones sociales de Celendín, San Ignacio (Cajamarca), Condorcanqui, Bagua (Amazonas), y Alto Amazonas (Loreto) se presentaron este viernes en Jaén (Cajamarca) para presentar alternativas de solución a la problemática generada por el impacto deactividades extractivas y proyectos hidroenergéticos en la cuenca del Río Marañón.
Fue en el marco de la conferencia de prensa organizada por el Grupo «Construyendo Propuestas», en el que participan organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la vigilancia de los megaproyectos en la zona norte y nororiental del Perú.
Participaron de la conferencia: Elio Díaz Zevallos (Cajamarca y Amazonas), presidente del Frente de Defensa del Río Marañón; Jeremías Unkuch Jempekit (San Ignacio) representante de Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC); Zebelio Kayap Jempekit (Cenepa), presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC); Edwin Montenegro (Amazonas y Cajamarca) presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN); Luz Guillén Cornejo (Alto Amazonas),coordinadora de la Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas (Loreto); y Wilmer Fernández (Condorcarqui y Bagua), director de Servicios Agropecuarios para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE).
“CON CHADÍN 2 COMIENZA LA MUERTE DEL RÍO MARAÑÓN”
Elio Díaz refirió que el proyecto Chadín 2, a cargo de AC Energía (Odebrecht), representa la primera de 22 represas que se construirán en el Río Marañón. La obra originará un embalse que provocará el desplazamiento de 21 comunidades, con cerca de 1200 afectados.
Indicó que pese a los acuerdos vigentes, no se han llevado a cabo talleres informativos en zonas como Chumuch y Cortegana –ubicados en las márgenes del río. Incluso, dichos eventos contaron con un fuerte resguardo policial que impidió la participación de los dirigentes de ambas localidades. “Ninguna comunidad del área de influencia directa ha sido consultada a pesar de existir la Ley de Consulta Previa”, subrayó Díaz Zevallos.
Destacó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en febrero de este año, no contempla compensaciones para los desplazados sino una suerte de “negociación individual”. Por si fuera poco, el proceso de titulación ha sido encargado a la propia AC Energía.
PROYECTO MINERO AMENAZA AL ÚNICO TERRITORIO INDÍGENA DE CAJAMARCA
A su turno, Jeremías Unkuch denunció que el proyecto minero Yagku Etnsa, a cargo de la compañía Águila Dorada, pone en peligro la existencia de 1500 personas, pertenecientes a 16 comunidades awajún en ambas márgenes del Río Chirinos, en Supayacu (San Ignacio.
“Se ponen en peligro los recursos hídricos en la cabecera de cuenca del Chirinos; y con ello, la diversidad ecológica –en particular, la pesca- y con ello la subsistencia las únicas comunidades nativas en Cajamarca”, remarcó.
El titular de ORFAC denunció que en el transporte del personal dela minera han tomado parte unidades de las Fuerzas Armadas. Así mismo, que la empresa ha fraguado listas de asistencia a talleres informativos donde figuran autoridades locales; las mismas que luego han desmentido su participación en dichos espacios.
GOBIERNO HA NEGADO DERECHO A CONSULTA SOBRE PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA
Zebelio Kayap denunció que el Estado ha vulnerado –una vez más- el acuerdo alcanzado mediante consulta previa en el caso recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor.
Recordó que el Ejecutivo entregó 18 petitorios mineros en la cuenca de los ríos Santiago, Cenepa, Comaina y Morona; lo que en la práctica implica recortar el espacio de la referida zona de 152 mil a 88 mil hectáreas. Dicha situación afecta el bosque húmedo de montaña, en el cual se desarrollan más de un centenar de tipos de plantas –entre ellas, 40 especies de orquídeas.
Kayap indicó que en 2013 la Corte Suprema de Justicia de Amazonas les dio la razón a las comunidades. Así mismo, indicó que el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) reconoció en 2007 que cualquier actividad alteraría los recursos hídricos, y por ende, la vida de las comunidades awajun de la parte baja de la cordillera.
“NO QUEREMOS UN SEGUNDO BAGUAZO”
En tanto, Edwin Montenegro criticó la negativa del Estado por reconocer el derecho a la consulta previa de los pueblos awajún y wampis –bajo el argumento que la norma no es retroactiva- para la explotación del lote 116.
Explicó que se comprometen 659 mil hectáreas de las provincias de Condorcanqui, Bagua (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto), donde residen un total de 73 comunidades tituladas (propietarias).
Señaló que las comunidades, que demandan la aplicación del derecho a la consulta previa, han recibido como respuesta la negativa del Ministerio de Energía y Minas (MEM); y del Viceministerio de Interculturalidad, en marzo del 2014. Por ello, ORPIAN evalúa continuar con las acciones necesarias en la vía judicial; incluso una acción de inconstitucionalidad. “No queremos un segundo Baguazo”, enfatizó.
CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS
Luz Guillén señaló que los casos antes mencionados tienen como rasgo común que se han dado dentro de territorios donde los bosques son vitales para la población. En ese sentido, resulta indispensable que el Estado promueva instrumentos que impulsen la preservación de dichos espacios sin colisionar con el desarrollo, como la Evaluación Estratégica Ambiental, el Ordenamiento Territorial y la Gestión de Cuenca. “Hoy se pretende matar el bosque, cuando éstos son la forma más eficaz de combatir el cambio climático”, sentenció.
Finalmente, Wilmer Fernández enfatizó que la consulta previa constituye un derecho fundamental de los pueblos indígenas y respaldó a Guillén en su pedido por instrumentos de gestión de territorios, con una perspectiva ambiental, participativa e intercultural.
“Ningún nivel del Estado debe plantear proyectos sin el conocimiento técnico del territorio. Es imperativo ejecutar procesos de zonificación económica, ecológica y estratégica; y particularmente, vinculantes para los sectores”, puntualizó.
