Un apresurado anuncio o un ministro apresurado El anuncio hecho por el nuevo Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga que plantea la eliminación de los EIA para las actividades de exploración sísmica, en plena presentación del Libro Blanco de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, ciertamente no fue simple coincidencia. El flamante ministro quería darse un baño de popularidad empresarial y enviar una clara señal de compromiso a los empresarios petroleros, un mensaje que les haga recuperar la confianza para que no se desanimen por la demora y la “tortura” que significa para ellos, la “tramitología” y la “permisología” que padecen para invertir, especialmente en la Amazonía. El anuncio del flamante ministro retoma el proceso que comenzó hace un año, cuando el gobierno aprobó un conjunto de medidas[1], para destrabar las inversiones extractivas. Mayorga tiene el encargo expreso del presidente Humala de relanzar la inversión en minería, la exploración y el desarrollo petrolero[2] y pensó que el mejor escenario para hacerlo era la presentación del Libro Blanco de los Hidrocarburos. Lo hizo porque está seguro que los DIA son suficientes y que los EIA son una traba para la inversión. No importa que aún no haya llegado a un acuerdo con el MINAM.
Si el MINEM ha dicho que los EIA para las actividades sísmicas no son necesarios, lo más probable es que esto se termine plasmando en alguna norma; o alguien imagina que en el debate interno y las correlaciones políticas al interior del consejo de ministros, el MINAM podrá contra el MINEM, MEF, PCM y las presiones de los empresarios petroleros.
Lo que se busca es pasar de siete pozos perforados a más de diez anualmente y sobre todo acabar con los más de 30 contratos que se encuentran en estado de fuerza mayor [3], y que por falta de licencia social o autorizaciones administrativas ambientales no pueden avanzar y culminar los procesos de exploración petrolera. Frente a estas dificultades, en lugar de buscar mecanismos de solución sin afectar los estándares ambientales, se opta por la flexibilización de los controles ambientales para “destrabar” y alentar la inversión en petróleo y minería.
Hay que tener en cuenta que actualmente, más del 70% del territorio amazónico, es decir, aproximadamente unos 40 millones de hectáreas, está concesionado a las empresas petroleras. Existen unos 38 contratos de lotes petroleros en la Amazonía y 28 de ellos se encuentran en fase de exploración, es decir en la fase en que se tienen que perforar pozos petroleros y realizar actividades de prospección sísmica[4]. El anuncio del ministro de energía y minas busca acelerar estos 28 proyectos y atraer nuevas inversiones petroleras ofreciendo más facilidades y menos “permisología”, como la eliminación de los EIA para la exploración sísmica.
Los riesgos de la exploración sísmica sin EIA en la Amazonía
La exploración sísmica es un método que utilizan las empresas de hidrocarburos para localizar petróleo y gas natural. “las exploraciones sísmicas comprenden la emisión de ondas sonoras en el subsuelo, el registro de las ondas reflejadas y la interpretación de los resultados para obtener una imagen de la geología subterránea y determinar la presencia de hidrocarburos de petróleo”[5].
Pero qué implica la actividad sísmica en la Amazonía, especialmente en los territorios de los pueblos indígenas, donde los ecosistemas y la biodiversidad de la que depende la vida de los pueblos indígenas amazónicos han sido escenarios de tantas intervenciones a lo largo de la historia y son especialmente frágiles.
Para realizar actividades de exploración sísmica, se tiene que hacer excavaciones de hoyos cuya profundidad puede ser 15 o más metros, en los que se colocan varios kilos de explosivos, de acuerdo a la profundidad de los huecos. Las excavaciones y los explosivos se colocan a lo largo de una línea (línea sísmica) que se extiende por varios kilómetros a los largo de un lote petrolero.
Todo este trabajo requiere trasladar trabajadores, materiales explosivos, herramientas y maquinarias que deben ser trasladados por helicópteros que tienen que aterrizar en varios puntos a lo largo de la línea sísmica. Para el aterrizaje de los helicópteros se necesita talar y hacer desbroce, es decir fragmentar el bosque en áreas donde se tienen que construir los helipuertos.
El personal que debe trabajar en la exploración sísmica se tiene que instalar en la zona y vivir en campamentos. Los trabajadores deben abrir caminos de trocha de algunos metros de ancho, para que puedan desplazarse con el material y las herramientas que les servirán para excavar y colocar el material explosivo.
La cantidad de personas que se tiene que mover por estas trochas puede ser fácilmente de varios cientos. Finalmente se hacen las detonaciones, es decir se hace explotar el material explosivo que está en las perforaciones para que a través de las ondas producidas por la explosión se determine si existe o no hidrocarburos (petróleo o gas).
La pregunta es ¿se puede hacer todo esto sin hacer un EIA? ¿se puede hacer exploración sísmica sin riesgo de afectar los ecosistemas de la selva y la vida de los pueblos indígenas?
Quizás las empresas petroleras tengan mucha experiencia y conozcan su oficio como dijo el ministro Mayorga, pero es absurdo creer que todos los eventos mencionados de manera breve en los párrafos anteriores, no tengan ningún impacto en la vida de los pueblos indígenas, en la flora y la fauna y en los ecosistemas de los territorios indígenas. La presencia de un gran número de trabajadores de la empresa y la interacción con los hombres y mujeres de las comunidades incrementa sustancialmente la posibilidad de impactos negativos en la salud y en las formas de vida y organización de los pueblos indígenas. Los ruidos de los helicópteros, del personal, las herramientas y de las detonaciones, sin duda asustan y alejan a los animales que habitan en el bosque la de caza de estos y la alimentación los indígenas. El desbosque para hacer las trochas a lo largo de muchos kilómetros y para hacer helipuertos destruye hectáreas de la vegetación del bosque que tardarán muchos años para recuperarse.
En medio de este escenario y ante un anuncio como el que ha hecho el gobierno se debería tener en cuenta que la institucionalidad estatal en nuestro país es muy débil y precaria y más débil aún, es la institucionalidad ambiental como para que además eliminen los EIA. El paraíso de los que quieren inversiones sin “trabas” ni controles ambientales.
Muestras claras de la poca capacidad de las instituciones ambientales, es lo que sucede en Loreto, donde durante más de 40 años se realizaron actividades extractivas con graves impactos socioambientales, sin ningún control ni fiscalización ambiental por parte del Estado. Los incumplimientos de Pluspetrol y los graves impactos sociales y ambientales causados en el lote 1AB y más recientemente en el lote 8, que se superpone a la reserva Pacaya Samiria, ha dejado huellas imborrables en la vida de los pueblos Achuar, Quechua, Candoshi, Kukama entre otros. Lo que desde hace varios años, viene sucediendo en Condorcanqui con las concesiones mineras operadas por la empresa Afrodita y en la concesión petrolera del lote 116, que viene siendo operada por las empresas Maurel et Prom y Pacific Rubiales, superpuestas a las áreas naturales protegidas Santiago Comaina, Ichigkat Muja y Tuntanain, no solo muestran la poca capacidad del Estado para hacer respetar los estándares ambientales, también afectan los derechos y la vida de los pueblos Awajun y Wampis, generando focos de tensión y conflicto entre las comunidades y entre estas el Estado.
Todos sabemos que organismos como la OEFA, SERNANP etc. no tienen suficiente capacidad para verificar y hacer cumplir la legislación ambiental vigente ni para cumplir con la conservación de las áreas naturales protegidas y la biodiversidad que estás contienen. Esperamos que el SENACE, ya creado pero sin funcionar aún, pueda cumplir en forma autónoma con la revisión y aprobación de los EIA de los proyectos de inversión. No hay que olvidar que los EIA, sirven precisamente para saber que impactos tendrán las actividades de exploración y qué medidas se deben tomar para mitigarlos y/o evitarlos.
La eliminación de los EIA para actividades de exploración, no sólo ha generado preocupación por parte de organizaciones de la sociedad civil y especialistas, que han expresado sus críticas y cuestionamientos en un pronunciamiento[6]. También desde el Estado, instituciones como la Defensoría del Pueblo[7] y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes del Congreso de la República[8], están demandando al Ministro Mayorga que explique las razones y el sustento técnico de de su propuesta.
Alentar la inversión de las empresas petroleras, no tiene que ser sinónimo de flexibilización de los controles y de bajar los estándares ambientales. La creación de condiciones favorables para que los empresarios inviertan también pasa por fortalecer la institucionalidad ambiental para crear escenarios jurídicos y políticos seguros, no solo para la inversión, sino también para la viabilidad ambiental y para los derechos de los pueblos indígenas.
Ismael Vega Investigador del CAAAP / Coordinador Diplomado Interculturalidad UARM
[1] El año 2013, el Gobierno de Ollanta Humala, aprobó un paquete de siete medidas orientadas a “destrabar” la inversión privada. Dentro de este paquete destacan los Decretos Supremos 054-2013 y 060-2013 relacionados con la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y los Estudios de Impacto Ambiental, respectivamente. En ambos casos se flexibilizan los estándares ambientales. [2] Entrevista realizada por Manuel Marticorena en el diario El Comercio, jueves 13 de marzo 2014: “Me apresuré en decir que había un acuerdo con el MINAM”. En la entrevista el Ministro Mayorga afirma respecto al encargo recibido por el Presidente Humala:“Su gran preocupación es concluir los proyectos importantes de infraestructura del sector: el gasoducto, la refinería de Talara y relanzar la inversión en minería y la exploración y el desarrollo petrolero”. [3] Se considera que un proyecto petrolero, se encuentra en Estado de Fuerza Mayor, cuando por razones administrativas (Estudios de Impacto Ambiental, licencias, autorizaciones etc.) o por tensiones y conflictos sociales, la empresa debe suspender sus operaciones en el campo, hasta solucionar estas observaciones. [4] Información oficial de PERUPETRO, contratos petroleros vigentes al 2014. En: www.perupetro.com.pe [5] Seismic Trails: http://artic.fws.gov/seismic.htm [6] “Exigimos al estado y al empresariado se respeten la legislación ambiental y no se menoscaben los instrumentos de gestión ambiental y su institucionalidad aduciendo la necesidad de atraer inversiones”. Pronunciamiento de ONGs y especialistas. Difundido en el diario La República, 10 de marzo 2014. [7] La Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N° 092-2014/DP, del 12 de marzo, recomendó al MINEM y al MINAM, expliquen los alcances de la propuesta de reemplazar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en las actividades de exploración sísmica. (http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/Oficio-0092-2014-DP/). [8] La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes, del Congreso de la República, ha citado para el 1 de abril, al Ministro de Energía y Minas, para que explique el sustento de su propuesta de eliminar los EIA para las actividades de exploración y reemplazarlos por una DIA.
