La jornada fue inaugurada por Rómulo Torres, economista de FSP, con la «Presentación de Contexto: Política Energética». En su intervención, Torres Seane resaltó que una de las características principales de nuestra era, ha sido y es la demanda continua y creciente de energía que sirva para satisfacer el crecimiento técnico e industrial a nivel global y la consecuente búsqueda de fuentes energéticas que la satisfagan.
En América del Sur, especialmente en el Perú, la indiferencia de los gobiernos de turno con respecto a la evolución de los precios de los combustibles derivados del petróleo; en contraste, no propiciaron el desarrollo de programas de eficiencia energética ni el uso de energías alternativas.
En ese sentido, Torres advirtió que si no se frena la falta de eficiencia energética y el aumento del consumo en los principales sectores de expansión -como el transporte, hogares y servicios- la dependencia energética seguirá creciendo. «El abastecimiento de algunos países de América Latina está centrado en Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú, cuyas reservas no son gravitantes en el contexto internacional», aseveró.
En el caso particular de nuestro país, indicó que se requiere de la sustitución de derivados del petróleo por energías renovables y la aplicación de la cogeneración con gas natural, con miras a alcanzar -mediante los dos últimos campos de actuación- una producción nacional de energía eléctrica que llegue al 20 % sobre el total previsto para el año 2 015.
:: EAE y políticas nacionales
A su turno, Mario Zúñiga, consultor de Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) indicó que en la región se vienen promocionando inversiones en hidroeléctricas con varios cuestionamientos ambientales y sociales. Se dan una serie de decisiones políticas en materia de hidroeléctricas sin un marco de gobernanza energética son las causas principales de la generación de conflictos.
Señaló que internacionalmente se han trabajado una serie de propuestas y recomendaciones para el caso de la generación de hidroeléctricas en ecosistemas frágiles. Sin embargo, en el caso de Perú es patente la ausencia de una Planificación Energética Nacional. Ello se refleja en la priorización de las inversiones en actividades extractivas en zonas sensibles social y ambientalmente sensibles.
En ese contexto, precisó que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) constituye una herramienta de gestión ambiental que permite a las instituciones públicas evaluar e integrar, con debida anticipación, consideraciones ambientales y sociales en sus procesos de decisión vinculados a políticas, planes y programas (PPP). Al final de este proceso, se obtiene un Informe Ambiental que contiene recomendaciones vinculantes para abordar los impactos negativos, acumulativos y sinérgicos de las acciones promovidas por las PPP.
Para el caso del Marañón, Zúñiga recordó que el Estado declaró de interés nacional y social la construcción de 20 centrales hidroeléctricas en la cuenca del río. Empero, no existe una adecuada Planificación energética; ni tampoco una debida evaluación técnica.
Por ello, el especialista recomendó la participación de la sociedad civil organizada en los espacios de planificación energética nacional que implique la toma de decisiones sobre proyectos en sus regiones. Así mismo, apoyar en el proceso de transparencia y participación ciudadana de los avances de los proyectos hidroeléctricos en su región.
:: ANA y cuenca del Marañón
Otro de los ponentes más relevantes en este evento fue Luis Fernando Biffi, director de la Autoridad Administrativa del Agua VI Marañón, quien disertó sobre la «Gestión Integral de Cuenca de Río Marañón». En el marco de ésta, explicó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestiones de los Recursos Hídricos. Es responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la ley, encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas.
«La Autoridad Administrativa del Agua, dirige en su ámbito territoriales la gestión de los recursos hídricos, en el marco de las políticas y normas dictadas por el Concejo Directivo y Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua», sostuvo.
En ese contexto, indicó que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) ha sido creado en base a la nueva Ley de Recursos Hídricos y facilitará que la población tenga mayor información, asuma decisiones y sea responsable del cuidado y vigilancia del agua.
«El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca participara en la gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, de acuerdo con la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los lineamientos de la Autoridad nacional del Agua», puntualizó.
:: Ley de Consulta y desafíos
También resaltó la participación de Fermín Tiwi, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) con «Derecho a Consulta Previa». El letrado señaló que si bien es innegable el reconocimiento del Derecho a la Consulta Previa como un derecho colectivo fundamental de los pueblos indígenas, son patentes las limitaciones del Estado peruano para su cabal implementación.
«El gobierno no logra establecer un diálogo intercultural amplio con los pueblos indígenas; existe un fuerte nivel de desconocimiento sobre dichas poblaciones y poco conocimiento de las normas nacionales e internacionales que protegen sus derechos», lamentó.
De igual modo, Tiwi indicó que no todos los sectores del Estado ven como una oportunidad el proceso de consulta; lo mismo ocurre con las empresas, que ven a este derecho como una traba para el desarrollo del país. En esa línea, las organizaciones indígenas consideran que la Ley de Consulta no garantizará sus derechos. «Hay una gran desconfianza», subrayó.
Remarcó que el derecho a la Consulta Previa ahora es parte de la agenda nacional, y no puede reducirse solo en derecho, sino, hay que convertir en Política Pública; de ahí la tarea principalmente del Estado y de las OO.II.
«A pesar de su cuestionamiento por las OO.II. sobre el contenido y los procedimientos de la Ley de Consulta, creemos que es una oportunidad tanto para el Estado y para PP.II. porque abre una nueva relación para construir el diálogo intercultural que garantice los derechos de participación en la toma de decisiones», puntualizó.
:: Foro público
En el marco del seminario, se realizó el foro público «Política Energética, Evaluación Ambiental Estratégica y Derecho a la Consulta» el martes 18 a las 07:00 p.m. en el auditorio principal de la Universidad de Cajamarca, sede Jaén. Intervinieron en esta oportunidad José de Bernardi, representante del Vicariato de Jaén, con «Experiencia de Cooperativas de Pequeñas Hidroeléctricas»; y David Rosario Boy, coordinador de la Zonificación Económica Ecológica – Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Ignacio, con «Zonificación Económica Ecológica en Jaén».
Aparte, se abordaron los temas «Estado de Políticas Nacionales y COP 20», a cargo de Rómulo Torres, coordinador del Área de Integración Solidaria de FSP; «Gestión Integral de Cuenca de Río Marañón», con Luis Fernando Biffi, director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) VI Marañón. Cabe resaltar que el foro fue difundido por Radio Marañón, cuyo director -el padre Francisco Muguiro Ibarra- inauguró el evento.
:: Denuncias desde comunidades de Supayaku
La comunidad nativa de Supayaku (San Ignacio) no fue consultada sobre el proyecto minero Yagku Entsa, a cargo de la empresa Águila Dorada SAC, denunció Yadira Fernández, abogada de la Vicaría de Jaén.
Fernández indicó que la minera ha presentado en su expediente la realización de un supuesto taller el 6 de octubre del 2011; sin embargo, dicho documento -según dijo- presenta diversas irregularidades. De acuerdo a la letrada, en la lista de asistencia figura el Sr. Alberto Ramos Puerta, quien sin embargo ha aclarado que nunca tomó parte del evento.
«Incluso, la autoridad regional de Energía y Minas ha dejado constancia de que este taller no se llevó a cabo», señaló Fernández.
Agregó que las operaciones en Yagku Entsa han ocasionado el arrasamiento de enormes zonas boscosas en la cuenca, que a su vez provocarán erosiones de suelos contaminados en las quebradas -con la afectación del Río Chirinos.
